Redacción Delegalmas
El conocimiento de medida de coerción a Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, acusados de desfalcar 3.8 millones de pesos al Ministerio de Agricultura a través de transferencias ilícitas, fue aplazada para el próximo sábado.
La jueza Ana Lee, de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió el aplazamiento, luego de acoger el pedimento de la defensa, que alegó necesitar más tiempo para conocer más a profundidad los presupuestos del proceso.
Respecto al caso, el procurador fiscal Ernesto Guzmán Alberto dijo al ser cuestionado al ser cuestionado al salir del tribunal, que se trata de un caso de desfalco, en el que está comprometida la responsabilidad penal de los imputados.
“Se trata de un caso de desfalco por un monto que asciende a los tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000), monto que puede aumentar según continúen las pesquisas”, dijo.
Explicó asimismo, que dicho desfalco se produjo mediante transferencias ilícitas, utilizando el usuario de netbanking, que estaba asignado al viceministerio administrativo y financiero del Ministerio de Agricultura, el cual manejaba para entonces Julio Fernández, padre de Domínguez Solano.
“Se transferían los fondos desde la cuenta del viceministerio a la cuenta de Elizondo y Elizondo a la vez retornaba a favor del hijo del viceministro”, detalló.
Según dijo Guzmán Alberto, no se descarta que durante el desarrollo de las investigaciones el espectro del caso pueda ampliarse, al tiempo que dijo que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició el desarrollo de la investigación por la estafa de casi cuatro millones de pesos, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental presentara la denuncia del Ministerio de Agricultura.
La Pepca presentó una instancia de 66 páginas, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, ayer domingo al mediodía con la solicitud de medida de coerción para los acusados de cometer los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
A Domínguez Solano se le atribuye la violación de los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Mientras que Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Se le atribuye también, coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En la audiencia el Ministerio Público estuvo representado además de Guzmán Alberto, por Wilson Camacho, procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca); Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, y por los procuradores fiscales Yoneiby González y Aurelio Valdez.