El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, envió a este medio de comunicación este martes un comunicado en el que denuncia que Participación Ciudadana en su Octavo Informe sobre el proceso judicial en su contra miente a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, con informaciones «falsas o manipuladas».
Escribe Rodríguez en dicho comunicado dirigido a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, en respuesta al mencionado informe.
“Distinguidos señores: me dirijo a ustedes en ocasión del informe presentado a los medios de comunicación en esta fecha por el desacreditado ente denominado ‘Participación Ciudadana´, mediante el cual, ante el inminente y evidente vencimiento del plazo de duración máxima de los procesos penales de 4 años establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal, y que el proceso penal en mi contra alcanza casi los 6 años, estos han suministrado informaciones falsas o manipuladas a los medios, con el claro propósito de imponer una falsa narrativa que genere presión al sistema de justicia, procurando el irrespeto de la ley”.
Añade asimismo el documento: “Este ente, cuestionado por el mal uso de fondos federales extranjeros y cuyos principales directivos han sido favorecidos por decenas de decretos del actual gobierno, sustentados, afirman muchos, por el trabajo de descrédito que realizan contra la oposición y el blindaje de impunidad que con su silencio promueven en los casos de verdadera corrupción, como el caso Senasa, aún no merezcan respuesta.
Por el respeto que sí merecen los medios de comunicación y la ciudadanía, y mi fiel compromiso con la verdad, procedo a informar de manera preliminar, de forma objetiva, verificable y sustentada en actuaciones judiciales, que la dilación del proceso penal en mi contra no es atribuible ni a mí ni a mis abogados, sino exclusivamente a reiteradas negligencias del Estado, a través del Ministerio Público”.
Refiere de igual manera, que en términos estrictamente fácticos, Participación Ciudadana no cita en su informe que estuvo cuatro años privado de libertad, y que nunca ha dejado de asistir a una audiencia, o he solicitado suspensiones o aplazamientos. “Este ente no destaca tampoco, que resulta contrario a toda lógica sostener que una persona que pasó cuatro años en prisión- el mismo tiempo máximo previsto para cerrar el proceso-tenga interés en prolongarlo”.
Aclara Jean Alain en su comunicado de presan, que desde el inicio de su defensa ha procurado que se conozca el proceso y todas las violaciones que han sucedido durante el mismo, y que prueba de ello es que a casi dos años de haberse vencido el plazo de extinción, a la fecha no han realizado el requerimiento del cierre del caso, “no solo para confirmar mi presunción constitucional de inocencia, sino porque tenemos un alto interés de evidenciar las múltiples irregularidades y graves violaciones al debido proceso, incluyendo falsificación de documentos, ocultamiento de pruebas de descargo, alteración de dispositivos electrónicos, amenazas a testigos e imputaciones de hechos ajenos a mi gestión, con el propósito de aportar mejorías a nuestro sistema de justicia”.
“Estos son precisamente los llamados incidentes que otras defensas se encuentran presentando actualmente y que tanto el Ministerio Público como Participación Ciudadana, al unísono, llaman ‘innecesarios’ o ‘pérdida de
tiempo’, puesto que esos incidentes prueban las arbitrariedades, actos ilegales y las violaciones al debido proceso que conllevan la nulidad del proceso y descargo absoluto de los imputados, resaltando que la defensa del suscrito aún no ha iniciado la presentación de estos incidentes y que los mismos están siendo presentados, porque el tribunal apoderado lo aprobó conforme la ley”.
“Muy contrario a lo sostenido por el desacreditado ente, la primera causa de estos casi 6 años de retraso, se fundamenta en la presentación de una acusación innecesariamente abultada, confusa e ininteligible, compuesta por más de 12,000 páginas y 666,000 archivos digitales descompuestos, equivalentes a cerca de 50 millones de páginas, lo que ha generado casi dos años de retraso”.
Expresa el exprocurador, que a todo ello se suman negligencias reiteradas del Ministerio Público desde las primeras etapas del proceso, afirmando que conforme a las pruebas, el Ministerio Público inicio la investigación el 21 de agosto 2020 e impidió su salida de país el 25 de noviembre del 2020 “con ilegales alertas migratorias, activando con esas acciones el plazo máximo de duración, que hoy se enrumba a los 6 años que aterran al ente gobiernista”.
Indica asimismo, que Participación Ciudadana no informa que el Ministerio Público se tomó como plazo para “investigar”, en lugar de 3 meses como establece la norma para casos ordinarios, casi 2 años y que dentro de ese plazo solicitó prorrogas y dejó vencer los sucesivos plazos para presentar la acusación, requiriendo incluso intimaciones judiciales para cumplir con sus obligaciones.
“Tampoco informa Participación Ciudadana, que sumado a esos casi 2 años, el Ministerio Público depositó las pruebas en un inservible disco duro, generando que el Juez de la audiencia preliminar les ordenara repararlo y que con ello se perdieron casi seis meses adicionales. De igual forma, no informa dicho ente que el Ministerio Público incumplió reiteradamente con la entrega oportuna de pruebas de descargo, pese a órdenes expresas del juez, provocando retrasos de más de 6 meses adicionales”.
Señala también, que Participación Ciudadana tampoco indica que el propio Ministerio Público solicitó el desglose del proceso respecto de dos imputados, y que dos años después, contradiciendo su decisión, decidió fusionarlos nuevamente, generando nuevos aplazamientos ordenados por el tribunal apoderado, lo que ha implicado otros seis meses de retraso.
“En adición a lo anterior, resulta particularmente grave que Participación Ciudadana haya sustentado su informe en precedentes jurisprudenciales desactualizados, citando decisiones de la Suprema Corte de Justicia e incluso del Tribunal Constitucional que han sido posteriormente sustituidas, modificadas o dejadas sin efecto por jurisprudencia más reciente”.
Señala de igual manera, que Participación Ciudadana no informa que la normativa vigente es inequívoca, al establecer que la única forma de extender dicho plazo es mediante una decisión motivada del juez apoderado, basada en la comprobación de actuaciones dilatorias atribuibles al imputado o su defensa en el momento de su suceso.
“En el presente caso, no solo no existe una sola decisión judicial que haya establecido tal circunstancia, sino que, por el contrario, en las tres ocasiones en que el Ministerio Público ha alegado supuestas tácticas dilatorias, los tribunales han rechazado dichos planteamientos y han dejado constancia expresa de que las dilaciones han sido generadas por el propio órgano acusador. Este hecho, verificable en actas y decisiones judiciales, desmonta de manera categórica la narrativa construida en el referido informe”.
“Confiando en que esta información contribuya a esclarecer la realidad del proceso y al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, les invito a dar seguimiento a las audiencias públicas del caso”.
En ese sentido, invita a una rueda de prensa que realizará junto a sus abogados este jueves 16 de abril a las 11:00 de la mañana, en la avenida Gustavo Mejía Ricart, número 54, Torre Solazar, piso 18 donde afirma presentarán de manera detallada, documentada y verificable todas las particularidades del proceso, así como un análisis exhaustivo del “mal llamado informe presentado por Participación Ciudadana, respondiendo con evidencias cada uno de sus falsos planteamientos”.