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Laura Guerrero Pelletier, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), advirtió que «las tácticas dilatorias de los abogados de los imputados en el caso Odebrecht responden al interés de que sea designado un juez que le sea favorable a sus representados y a la impunidad».
Al referirse a la recusación hecha por varios abogados de algunos de los imputados del caso Odebrecht, quienes objetan que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, conozca la audiencia preliminar del proceso, la titular de la PEPCA hizo la afirmación.
Sobre ese particular, la magistrada Guerrero Pelletier dijo que en caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja la recusación bajo el alegato jurídico de que el juez Ortega Polanco tiene conocimiento previo del expediente, llamó la atención en el sentido de que por igual aplicación de ese principio solicitado, llevaría a que ese órgano de justicia estaría también imposibilitado para designar a algún otro juez que haya tenido conocimiento, excluyendo por igual a todos los jueces de la Segunda Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Hirohito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra, Miriam Germán, Esther Agelán Casasnovas y Frank Soto, ni para el conocimiento de la audiencia preliminar ni la apertura a juicio, en virtud de que al igual que el juez Ortega Polanco, éstos ya conocieron aspectos del caso a través de la apelación de las medidas de coerción que el pasado año fueron impuestas por el magistrado Ortega a solicitud del Ministerio Público.
La magistrada dio una voz de alerta a la ciudadanía para que esté atenta a la actuación de los imputados y sus abogados en este emblemático caso, el que definió como el más importante que se haya conocido en el país en materia de corrupción, por la trascendencia económica, política y social de los encartados, y llamó a estar pendiente de las decisiones del Poder Judicial en este caso para que cada cual cumpla con su rol.
Recordó que tal cual ha indicado el procurador general de la República, Jean Rodríguez, “el Ministerio Público no tiene un juez favorito, el único juez favorito es la justicia”.
Al responder preguntas de los periodistas que cubren la fuente de la Procuraduría General de la República, la titular de la PEPCA recordó que el Ministerio Público cuenta con 1,711 pruebas que acompañan el expediente acusatorio de este caso, con las cuales dijo que demostrarán los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
El expediente. El pasado 7 de junio, el Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.
El voluminoso expediente, señala la institución, relata en 518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido los siete encartados.