Redacción Delegalymas
La tarde de este miércoles el Poder Ejecutivo en la persona de su consultor jurídico, Antoliano Peralta Romero, depositó en el Congreso Nacional, vía la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia.
La pieza legislativa, tras meses de diálogo con los diversos sectores interesados, tanto del ámbito público como del privado, fue entregada al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria.
La iniciativa de ley había sido anunciada por el presidente Luis Abinader, el 26 de octubre de 2022, durante el acto conmemorativo del 32° aniversario de la FINJUS.
Desde entonces el Poder Ejecutivo estuvo coordinando rondas de diálogos con los órganos del sistema de justicia y otras instituciones públicas, tales como escuelas de derecho de las distintas universidades del país, los representantes de gremios empresariales, la organización civil organizada, así como con un amplio grupo de abogados especialistas.
El proyecto de ley en su parte central establece la creación y organización de la estructura y funciones del Ministerio de Justicia, el cual se configura como un órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa del Sistema de Justicia.
Asimismo, la representación judicial y extrajudicial del Estado, la Administración Pública y la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario y Correccional.
Al dejar el proyecto de ley en manos del presidente del de la Cámara Baja, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que esta iniciativa responde a la necesidad institucional que el país arrastra desde hace años, de delimitar las atribuciones de persecución criminal, naturales al Ministerio Público, de ciertos servicios meramente funcionales y administrativos, tales como la gestión del sistema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación y el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales, funciones que deberían concernir más bien a un órgano creado para tales fines, como es el Ministerio de Justicia.
Agregó Peralta Romero, que el Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años de la República, con breves períodos de interrupción, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, hasta la promulgación de la Ley núm. 485, el 10 de diciembre de 1964, últimas dos ocasiones en la que se suprimió la referida institución.
De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco definió el proyecto como importante y trascendental.
Consideró que el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia cambiará la situación de ciertos aspectos que le son otorgados a la Procuraduría General de la República.
La reintroducción del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia. Igualmente, los representantes de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo depositaron ante la Cámara de Diputados la nueva versión del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, cuyo objeto es lograr la prevención, persecución y sanción de los delitos cometidos en detrimento de los sistemas que utilizan tecnologías de la información y comunicación, así como los cometidos mediante el uso de tales tecnologías en contra de personas físicas o jurídicas.
Se recuerda que el Poder Ejecutivo había retirado de la Cámara de Diputados una primera propuesta del proyecto de ley, el pasado 4 de julio de 2022, con el propósito de que fuera estudiado por la comisión consultiva para la revisión y actualización de la legislación sobre la libertad de expresión, creada mediante el Decreto núm. 333-22.
La referida comisión recomendó eliminar de la versión original los artículos 17, 18 y 19, referentes a los ciberdelitos de discriminación, difamación e injuria, los cuales quedaron fuera de la versión reintroducida este miércoles.
De aprobarse el proyecto de ley sobre la ciberdelincuencia, se derogaría la actual Ley 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.