Redacción Delegalymas
La audiencia de este lunes en la que se le conocería medida de coerción al tercer implicado en la muerte del joven Joshua Omar Fernández Decena, Luis Alberto Brito Troncoso, fue aplazada por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional para el próximo miércoles 24 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
El magistrado Rigoberto Sena adoptó la decisión, tras acoger un pedimento de la defensa técnica del imputado, quien argumentó que necesitaba tiempo para conocer el expediente y preparar los presupuestos que le permitan realizar la defensa adecuada y obtener la libertad de su defendido.
Se recuerda, que el hecho en que el que perdió la vida Joshua Omar Fernández ocurrió la madrugada del 16 de abril pasado, cuando salía de la discoteca Bar Kiss, ubicada en la calle José Amado Soler, ensanche Naco, Distrito Nacional, donde celebró su cumpleaños junto a un grupo de amigos.
Según la instancia con la solicitud de imposición de medida de coerción del Ministerio Público, Luis Alberto Brito Troncoso se asoció con los imputados Wesly Vicent Carmona Corcino (El Dotolcito), Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito), ambos con medida de coerción de un año de prisión, uno en Najayo y el otro en La Victoria, para cometer el asalto contra Isanel Morel Encarnación, Alberto José Reyes Jiménez y Misael Morel Encarnación, y que cuando se retiraban del lugar hicieron varios disparos, uno de los cuales impactó a Joshua Fernández Decena, provocándole la muerte
Detalla el acta de levantamiento del cadáver realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que el joven Joshua Omar falleció debido a heridas por proyectil de arma de fuego en región frontal izquierda y salida en región occipital izquierda.
La Fiscalía del Distrito Nacional, representada por la fiscal litigante Yanit Pujols Casado, solicitó al tribunal imponer un año de prisión preventiva al encartado, afirmando que este no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, debido a que no cuenta con el arraigo ni los presupuestos suficientes para descartar el peligro de fuga.
El Ministerio Público le ha dado al caso la calificación jurídica de homicidio voluntario, robo agravado, uso ilegal de armas de fuego y asociación de malhechores”, delitos tipificados por los artículos 265, 266, 295, 302, 379 y 385 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.