Redacción Delegalymas
La mañana de este martes fueron movilizados en el Cibao Central y otros puntos del país, 71 fiscales y 1,350 fuerzas especiales de la Policía Nacional, militares, agentes y miembros de unidades élites de los cuerpos armados, para poner en marcha la Operación Halcón IV, la cual según las autoridades constituye la más grande realizada hasta el momento contra múltiples redes criminales.
El Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional ejecutaron la acción en contra de varias estructuras del crimen organizado, cuyos miembros son investigados por asesinatos y narcotráfico.
Entre los principales investigados figuran Joel Ambioris Pimentel García (a) la J, José Halminton Ureña (a) Nino Come Mezcla), Isidro Marcelino Tavares Acevedo (Chicho) y Rafael Tomás Conill Salcedo (a) Niño Hot Dog (quien también usa el nombre de Máximo Alberto Sánchez) y Kelvin Manuel Concepción López (a) El Menor.
También, Ángel Pascual García Vásquez (a) Alex Capucha, Alejandro Vidal (a) Alex, Carlos Erik Abreu Ureña, Briayan Rafael Abreu Ureña, Ilich Raymundo Báez Ureña, Jonás Antonio Turbi Molina (a)Jonás, Francisco Rosario Matías, Elimelec Quiñones Calderon, José Miguel Fabián García Sánchez y Luis José Bonilla Santana (a) Viento, Jencil Freund Arias (a) Toro, Deibys Santiago Santiago (a) Fory Two, Kelvin Pablo García Rodríguez (a) Kelvin Fantasma, Allison Moreno Rodríguez (a) Barajita, Luis Amaurys Pimentel García (a) Manito, entre otros.
Participaron en proceso varias unidades aéreas en apoyo a las fuerzas especiales.
Los allanamientos iniciaron a partir de las 3:30 de la madrugada en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega. Igualmente se realizaron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión.
El Ministerio Público hizo un llamado a las decenas de familias con parientes asesinados por las organizaciones enfrentadas con la operación, a que se acerquen a la Procuraduría General de la República sin ningún temor de hablar, ya que el órgano acusador ha establecido un programa especial de protección para víctimas y testigos.
Tanto el Ministerio Público como los organismos de investigación indicaron que han ocupado evidencias de que las organizaciones cometen crímenes e incluso amenazas a altos funcionarios del Estado, usurpando la identidad de líderes de organizaciones adversas, con la intención de crear pistas falsas.
Señala, que por esa razón, y por las evidencias que vinculan a sus miembros a acciones de narcotráfico, cibercrimen, negocios ilícitos en las cárceles, soborno a autoridades, todas las estructuras, sin excepción, están bajo una investigación multiagencial del Ministerio Público, la Policía Nacional y la DNCD.
La procuradora general, Miriam Germán Brito; el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, y el presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, establecieron la necesidad del trabajo multiagencial con las investigaciones focalizadas a estas estructuras criminales.
Dijeron asimismo, que, bajo ninguna circunstancia se dejarán de tomar las medidas necesarias para seguir con las investigaciones, además de que se harán todos los procesamientos, sin que las autoridades se dejen amedrentar por amenazas de nadie.
Las investigaciones evidencian, además, que miembros de distintos organismos de investigación del Estado están comprometidos con estas redes criminales, por lo que las autoridades procederán a someterlos a procesos disciplinarios e incluso penales para ser separados de la institución, en los casos que lo ameriten.
Durante los allanamientos, las autoridades han ocupado armas y dinero, así como cocaína, marihuana, entre otras evidencias de delitos de la operación en proceso.