Redacción Delegalymas
Por el pago de una garantía económica en la modalidad de contrato ascendente a 4 millones 500 mil pesos, presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes por ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país, le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva al exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, acusado de corrupción en el Caso Calamar.
La decisión fue de la jueza Ana Lee Florimón del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito, tras considerar que el imputado aportó los argumentos de arraigo que garantizan su presencia durante el proceso, mientras se conozca el juicio en el que se presente su culpabilidad o inocencia.
Refiere la decisión de variación de la medida de coerción, esta no representa de ninguna manera que el imputado haya sido absuelto o liberado del proceso, ni tampoco que será detenida la investigación, ni que el caso ha concluido.
“Todo lo contrario, el Estado acusador, en virtud de la separación de funciones, más que nunca tiene el deber de demostrar a la sociedad en las etapas correspondientes, que su teoría está blindada y que el tiempo establecido para la investigación ha sido más que acorde a la aplicación de las normas del debido proceso y las garantías constitucionales, mientras que al Poder Judicial le corresponde ser un ente imparcial, como lo es”, expresa la decisión de la magistrada.
Resaltó asimismo la jueza en sus motivaciones, que: “al referimos al caso que nos ocupa entendemos que observar la norma de los artículos 227 y 229 del Código Procesal Penal así como a resolución No. 1731 emanada de la Suprema Corte de Justicia, el ciudadano puede ser beneficiado por otra de las medidas ya establecidas por el artículo 226 del Código Procesal Peal (CPP)”.