El paquete de reformas conocido como “ley ómnibus”, el cual plantea innúmeros cambios, impulsados por el presidente Javier Milei, y que ha suscitado diversas protestas, fue aprobado este viernes por la Cámara de Diputados de Argentina.
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (“ley ómnibus”), que promueve La Libertad Avanza (LLA), liderada por Milei, consiguió 144 votos a favor y 109 en contra de parte de los diputados este fin de semana, al cumplirse el tercer día de debates.
La discusión y votación sobre el detalle de los artículos sobre la conflictiva normativa volverá a retomarse el martes, ya que también debe ser aprobada en el Senado.
La “ley ómnibus”. Se trata -según ha definido el propio Milei- del más profundo de los tres paquetes de reformas que presentó en sus primeros 20 días de su gestión de Gobierno.
Se recuerda que con sólo 48 horas de Milei haber asumido la Presidencia de Argentina, su ministro de Economía, Luis Caputo, anunció 10 “medidas de emergencia” para hacer frente a la crisis económica, entre ellas una devaluación ampliamente significativa del peso, reducido a la mitad de su valor con relación al dólar en un solo día.
De igual manera, en la segunda semana de asumir como presidente presentó el denominado “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) que modifica o deroga 366 leyes que regulan distintos sectores de la economía. El considerado “megadecreto” ha sido denunciado ante la Justicia, y su anuncio tuvo como resultado una serie de protestas de parte de la población.
No obstante, dichas manifestaciones se intensificaron mayormente con la presentación de la tercera parte de las reformas del líder “libertario”: la “ley ómnibus”, la cual originalmente contenía más 660 artículos, que luego se redujeron a casi la mitad, tras las concesiones del gobierno para lograr que el paquete de normas fuera aprobado.
De acuerdo con el presidente Milei, la Ley de Bases -nombre oficial- es su propuesta más amplia, ya que contiene “dos tercios” de todas sus reformas.
A estas reformas se oponen los principales sindicatos, los cuales ya han organizado un paro general, así como los partidos de oposición, quienes han protestado frente al Congreso, donde la Cámara de Diputados empezó a debatir la propuesta, en maratónicas sesiones extraordinarias.
El “megadecreto” de Milei propone desregular una gran variedad de sectores económicos, como el laboral, el comercial, el inmobiliario, el aeronáutico, el de la salud y hasta el de los clubes de fútbol, mientras que el paquete de leyes se centra en áreas que según establece la Constitución, sólo pueden ser modificadas por el Congreso.
Según ha explicado el vocero presidencial Manuel Adorni: “El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral”.
De los casi 380 artículos que quedaron, el más preocupante, según los opositores, es el que pide declarar “la emergencia pública” en materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa, lo que le daría al presidente “facultades extraordinarias” para decidir sobre estos temas sin necesidad de ir al Congreso.
La propuesta original contemplaba pedir poderes especiales para reformar muchas más áreas, incluyendo la fiscal, previsional, sanitaria y la de seguridad y defensa, pero el gobierno redujo en más de la mitad las “emergencias» con la finalidad de que pueda ser aprobado.
Igualmente se recortó el tiempo que durarían estas facultades, ya que en principio se había propuesto que fuera por un período de dos años, que el propio Ejecutivo podía prorrogar por otros dos, lo que significaría que podría durar todo el mandato de Milei.
Sin embargo, en la propuesta actual que se debate en el Congreso el plazo se redujo a un año, con posibilidad de extenderlo un año más, pero con la aprobación del Parlamento.
Otras de las preocupaciones existentes sobre dicha ley eran las privatizaciones, ya que en esta área el gobernante Milei hizo concesiones para la privatización de empresas del Estado. En el paquete original se proponía declarar “sujetas a privatización” a todas las compañías del sector público, incluyendo las mixtas o con participación mayoritaria del estado, lo que afectaba a 36 empresas, incluyendo a la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
No obstante, en el reducido texto actual el número de compañías pasibles a ser privatizadas es de sólo 27, entre estas las Aerolíneas argentinas, Correo argentino, los ferrocarriles, la agencia oficial de noticias Télam, Fabricaciones Militares y la empresa de agua AySA. Otra de las novedades es que se dispone que para cada privatización deberá intervenir la comisión parlamentaria bicameral destinada a dicho fin.
Modificación a varias leyes. Asimismo, la «ley ómnibus» plantea la modificar varias leyes, como son la que pone límites a las manifestaciones, lo cual ha encontrado gran oposición, ya que la propuesta de modificación aumenta hasta cuatro años de prisión a quienes utilicen armas para interrumpir el servicio de transporte público, y hasta cinco años a quienes “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiera, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado».
Detalla que la pena será aún mayor si se extorsiona a las personas para que asistan a una protesta, amenazando con quitarles la ayuda social.
De igual modo, la propuesta del gobierno les da más poderes a las fuerzas de seguridad, al eliminar las penas a quienes utilicen armas «en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, tomando en cuenta que el Código Penal actual sólo permite usar armas a las fuerzas de seguridad “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.
El Congreso debate la “ley ómnibus” en extensas sesiones extraordinarias, pero hay que esperar hasta las próximas sesiones ordinarias que se iniciarán a partir de marzo, para saber cómo se desarrolla el denominado “megadecreto”, que entró en vigencia el pasado 29 de diciembre, con excepción del capítulo que se refiere a las reformas laborales, no aceptado en la Justicia.
El paquete legislativo ha sido aprobado por Diputados pero deberá pasar por el Senado para su total aprobación.
Fuente: BBC News Mundo