Redacción Delegalymas/EFE
Quito.- La fiscal general en funciones de Ecuador, Ruth Palacios, afirmó hoy que el Ministerio público «debe ser autónomo administrativa y financieramente» con respecto a otras instituciones del Estado para poder ejercer su labor.
«Demandamos respetuosamente del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y del Consejo de la Judicatura, la autonomía e independencia administrativa de la Fiscalía, así como la reanudación de los concursos para incrementar el número de fiscales y funcionarios», expresó Palacios en una rueda de prensa
La fiscal general aseguró que la actual Constitución recoge que la institución debe ser autónoma, y que la falta de independencia está afectando a su trabajo diario.
Según el experto legal Pablo Encalada, esto se debe, en primer lugar, al Código Orgánico de la Función Judicial, que data de 2009 (durante el mandato presidencial de Rafael Correa), y según el cual «la Fiscalía, que tenía independencia financiera y administrativa, la perdió cediéndosela al Consejo de la Judicatura».
Encalada explicó a Efe que, por ello, el Ministerio público «no puede contratar nuevos fiscales, trasladarse de instalaciones, ni siquiera evaluar a sus propios funcionarios», ya que la ley le obligó a ceder su soberanía al Consejo.
Argumentó además, que en los últimos años la Fiscalía ha sido dirigida por «personas encargadas que no tienen ni estabilidad ni liderazgo para llevar adelante la institución».
Por otro lado, la fiscal general subrogante opinó que las consecuencias de la corrupción, «afectan en forma directa a los derechos elementales de los ciudadanos, desalientan la participación política y debilitan la confianza en la democracia».
En este sentido, dijo que la Contraloría General del Estado ha presentado, desde junio de 2017, 372 informes con indicios de responsabilidad penal por delitos como el peculado (malversación de fondos públicos), enriquecimiento ilícito o concusión, de los que 209 están siendo investigados por fiscales actualmente.
Y apuntó que son necesarios «por lo menos 400 fiscales más aproximadamente» para que la Fiscalía pueda seguir funcionando, debido a la alta carga laboral que soportan en la actualidad los funcionarios para tramitar las causas que llegan.
Un informe que dio a conocer a los periodistas precisa que el número de noticias del delito desde agosto de 2018 fue de 347.819, cantidad que desciende desde el año 2015, cuando llegó a 376.470.
Palacios brindó su apoyo a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para llevar a cabo acciones que permitan la recuperación de dinero producto de actividades ilícitas, como la ofrecida ayer por el gerente de Telconet, Tomislav Topic.
Sin embargo, recordó que este tipo de colaboraciones no va a impedir «el desarrollo de cuanto proceso penal se requiera» ni supondrá «la claudicación del Estado ecuatoriano para ejercer las acciones procedentes y necesarias, logrando sanciones y reparaciones integrales a la sociedad ecuatoriana».