La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación ante una amenaza de censura digital que afecta al periódico Listín Diario, de República Dominicana, en aparente represalia por la publicación de información de interés público vinculada a un caso judicial sobre presunta corrupción.
Según explicó el propio medio, la empresa Network Solutions, operadora de la plataforma que aloja su dominio digital, emitió un ultimátum exigiendo la eliminación, en un plazo de 48 horas, de una nota periodística publicada el 22 de marzo de 2024.
El artículo en cuestión informaba sobre la admisión de cargos por parte de Lisandro José Macarrulla Martínez, en una investigación sobre presunta corrupción administrativa entre 2016 y 2020, lo cual ha recibido amplia cobertura por parte de la prensa nacional.
La advertencia de Network Solutions al Listín Diario establece que, en caso de no eliminar el contenido, se suspenderá el servicio de alojamiento, con base en una supuesta violación de sus términos de uso. Y, ante esta amenaza, el periódico inició el proceso de migración hacia otro proveedor para preservar su archivo informativo.
José Roberto Dutriz, presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador, afirmó que “este tipo de presiones constituyen un riesgo creciente para el libre ejercicio del periodismo y pueden derivar en formas de autocensura motivadas por el temor a represalias”.
Mientras que Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que “es preocupante que empresas privadas puedan actuar como mecanismos indirectos de censura, eliminando contenidos legítimos por presión de intereses particulares. Este tipo de situaciones recuerda patrones que ya hemos visto en países con severas restricciones a la libertad de prensa”.
Ambos directivos recordaron que el principio 10 de la Declaración de Salta II sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, establece que: “La supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atenta contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva”.