Redacción Delegalymas
Con la presencia de 23 países, teniendo a República Dominicana como anfitrión, concluyó este viernes la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, en la que sus participantes reafirmaron su compromiso con una justicia más independiente, accesible y centrada en la dignidad humana.
El presidente Luis Abinader recibe de Henry Molina Peña, la Declaración de Santo Domingo.
Al término del encuentro entre presidentes de Supremas Cortes de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de la región, el presidente Luis Abinader recibió la Declaración de Santo Domingo, de parte de Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana y los demás presidentes de
Supremas Cortes de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, cada uno de los cuales firmó el acuerdo.
Entre las acciones contenidas en el documento se encuentran, incorporar los productos axiológicos en la planificación estratégica; actualizar el mapa judicial iberoamericano, innovar y digitalizar; atender el impacto de la inteligencia artificial; fomentar la cooperación solidaria; promover la educación y capacitación judicial; garantizar la igualdad de género y promover la protección de los derechos ambientales
A través de la Declaración de Santo Domingo se hizo una invitación a los poderes judiciales de Iberoamérica a adoptar dichos principios y compromisos, integrando los productos axiológicos en sus procesos de planificación y administración, garantizando su implementación efectiva para fortalecer el Estado democrático de derecho y construir una justicia que responda a las necesidades de todas las personas.
Se llama además en la Declaración, a la acción transformadora, así como un reclamo a continuar fortaleciendo la democracia y el Estado de derecho en un tiempo donde instituciones y derechos enfrentan cuestionamientos múltiples que ponen en riesgo las grandes conquistas de los pueblos iberoamericanos.
“Es también una promesa de que los poderes judiciales de Iberoamérica trabajarán sin descanso para garantizar una justicia que responda a las necesidades de las personas, respete la libertad, proteja la igualdad, promueva la equidad procesal y sustantiva, fomente la solidaridad y honre la dignidad de cada persona”, expresa.
Los firmantes de la declaración: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Estado Libre y Asociado de Puerto Rico y Uruguay, creen en la fuerza de la justicia como herramienta de cambio social y ambiental, y se comprometen a trabajar con ética y visión para consolidar poderes judiciales modelo, que sean faros de esperanza, confianza, excelencia y garantía de derechos para las generaciones presentes y futuras.