Redacción Delegalymas
Pese a que resaltó como contundente la decisión del juez Rigoberto Sena, quien impuso la noche de este jueves medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario a los diez involucrados en la red acusada de sobornos en instituciones del Estado, y la declaración de complejidad del caso, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, planteó que el Poder Judicial valla más allá de la prédica al respeto de los acuerdos en el proceso penal.
“Todos los imputados del proceso quedaron privados de libertad”, dijo Camacho. Lamentó, sin embargo, que desde los tribunales se desincentive la realización de acuerdos en el proceso penal, pese a las prédicas constantes del Poder Judicial en esa dirección.
Al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron respecto a la decisión del tribunal Camacho dijo: “Otro elemento que es necesario resaltar y aprovechar el escenario para comentar es que desde el Poder Judicial se predica en la teoría, en el discurso, la necesidad de que haya más acuerdos en el proceso penal, pero, desde la práctica se envían decisiones contradictorias y que desincentivan la realización de acuerdos”.
“Nosotros (desde el Ministerio Público) lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica y lo vamos a seguir haciendo. En la medida que las personas cooperen con la investigación, le seguiremos dando el mismo tratamiento y seguiremos haciendo acuerdos en este proceso y en todas las etapas”, sostuvo.
Resaltó igualmente, que la dinámica de pago de sobornos en la contratación de seguridad de las instituciones públicas, “es más de lo que hemos presentado en el día de hoy y nosotros, y eso se lo puede asegurar desde aquí, vamos a ir por todos y no descartamos la realización de un Lobo 2.0”.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público encabezó el equipo de fiscales en la audiencia, que estuvo integrado además por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario a los cinco imputados que admitieron su culpabilidad: el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, el coronel del Ejército Andrés Pacheco Varela, el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos.
En tanto que a los cinco imputados que no admitieron los hechos, pese a las pruebas en su contra, el tribunal les impuso también arresto domiciliario, y además, impedimento de salida del país, sobre la base del riesgo de fuga y la gravedad de los cargos. Estos fueron: el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, el coronel del Ejército Luis Ernesto Vicioso Bocio, el coronel del Ejército Francisco Guarín Fernández, el coronel del Ejército Elías Camaño Pérez y el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Estructura. A la red, señalada como criminal por el Ministerio Público, se le acusa de impactar negativamente a instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
A los imputados se les señala en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también, la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.
En cuanto al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.