La demanda por difamación al diario The Wall Street Journal, su empresa matriz Dow Jones, el conglomerado News Corp. y a dos reporteros del diario, incoada por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, parte de una nueva confrontación judicial contra medios de comunicación que presuntamente publican información crítica sobre su figura, fue condenada por Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La demanda del mandatario, presentada ante una corte federal en Miami, exige una compensación de al menos 20.000 millones de dólares y acusa al periódico de haber incurrido en “graves fallas éticas y periodísticas”, según el equipo legal del presidente, citado por la cadena CNN, señala la Sociedad.
Indica la SIP, que el caso se refiere a un reportaje publicado recientemente, en el que se revela la existencia de un álbum de cartas de felicitación por el cumpleaños número 50 del fallecido empresario Jeffrey Epstein, en 2003, en el que aparece una nota firmada por Trump, con un dibujo de una mujer desnuda, según el artículo de The Wall Street Journal.
Al respecto, el presidente Trump negó haber escrito la carta o realizado el dibujo, calificando la historia como una “noticia falsa”, alegando que “no existe ninguna carta o dibujo auténtico”, según informó la prensa.
Continúa la información de la SIP, que en la red Truth Social, Trump afirmó que advirtió directamente a Rupert Murdoch, presidente de News Corp., que no se publicara la información, y que este “prometió ocuparse del asunto, pero evidentemente no tuvo el poder de impedirlo”.
Agrega, que desde The Wall Street Journal, un vocero declaró que confían “plenamente en el rigor y la precisión” del trabajo periodístico realizado y que defenderán vigorosamente cualquier demanda.
“Esta demanda no es un hecho aislado; es parte de una estrategia para intimidar a la prensa independiente y desalentar la cobertura crítica. Utilizar el aparato legal del Estado para silenciar voces periodísticas constituye un retroceso democrático y sienta un precedente peligroso”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, CEO y director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.
Asimismo, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), advirtió que “cuando desde las más altas esferas del poder se busca castigar a los medios por ejercer su rol fiscalizador, se erosiona el pilar fundamental de toda democracia: el derecho del público a estar informado. Esta acción judicial es un claro intento de censura encubierta”.
La SIP. Detalla, que la querella forma parte de una serie de litigios que Trump ha iniciado contra medios desde su campaña electoral de 2024, y que según expertos legales citados por CNN, no existe precedente de que un presidente en funciones haya demandado directamente a reporteros o medios por difamación. Señala entre otros casos recientes, la demanda de Trump a las cadenas televisivas ABC News y CBS, y los acuerdos extrajudiciales a los que llegó, accediendo las televisoras a pagar sumas millonarias que serían destinadas a su futura biblioteca presidencial.
Indica además, que un informe reciente de la organización Reporteros sin Fronteras, titulado ‘Seis meses de la guerra de Trump contra la prensa: importando y exportando tendencias autoritarias’, da cuenta de que la administración Trump ha aumentado su hostilidad hacia los medios de comunicación, con la utilización de tácticas autoritarias presentes en diversos regímenes alrededor del mundo.
Refiere la información que censura la demanda de Trump, que la Declaración de Chapultepec de la SIP establece, en sus principios 4 y 5, que “la intimidación” a los periodistas y “las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes” son comportamientos que “se oponen directamente a la libertad de prensa” y la “coartan severamente”.
Cita igualmente, la Declaración de Salta II en su Principio 3 sobre las demandas desproporcionadas “que puedan generar autocensura o costos que comprometan la sostenibilidad del medio”. “Estas acciones legales abusivas, conocidas como SLAPP -siglas en inglés para aludir demandas estratégicas contra la participación pública, buscan silenciar o intimidar a la prensa mediante el desgaste económico y judicial, y a menudo carecen de fundamento legal”.
Menciona también la SIP, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que afirma advierte que, las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.