Una denuncia en la que acusa al presidente de Argentina, Javier Milei, de “abuso de autoridad”, fue presentada este lunes por el abogado de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), Gregorio Dalbón.
La denuncia surge a raíz de unas declaraciones del actual mandatario respecto a que él “tomó la decisión” de que la dirigente peronista fuera presa. Por ello, Dalbón acusa a Milei de “la comisión del delito de abuso de autoridad previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal”, en virtud de expresiones realizadas durante una entrevista emitida el domingo en el canal La Nación+.
“Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa (Cristina Fernández)”, dijo Milei, quien usó el término “venganza” para referirse a la obligada renuncia del que iba a ser su cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires en las legislativas del 26 de octubre, José Luis Espert, quien ha sido vinculado a un narcotraficante y se ha convertido en protagonista de un escándalo.
En la entrevista, tras ser advertido por el periodista de que se estaba inmiscuyendo en temas de justicia, Milei agregó- “Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia hubiera arreglado que no la metan presa”.
Según se lee, con esta siguiente declaración, el presidente intentó resolver su declaración anterior, lo que para el abogado de Fernández “presupone un acto de autoridad ilegal, en tanto la atribución de ordenar o disponer detenciones corresponde exclusivamente a los jueces”.
Según la denuncia, la declaración de Milei “se inscribe en una violación del deber constitucional de abstenerse de intervenir en procesos judiciales, constituyendo el núcleo típico del abuso de autoridad” contemplado en el Código Penal argentino.
Dalbón pidió que se cite a indagatoria a Milei y que se remita una copia de la denuncia a la Cámara de Diputados, con el fin de evaluar la apertura de un juicio político.
“La sola afirmación pública de haber tomado una ‘decisión’ de privar de libertad a una persona constituye un indicio de intromisión funcional y presión institucional sobre el Poder Judicial”, añade el documento que califica el episodio como “un acto de gravedad institucional”.
Se recuerda que Cristina Fernández cumple arresto domiciliario desde junio en Buenos Aires, debido a que la Corte Suprema de Argentina le ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras viales, pero el peronismo considera que la exmandataria es víctima de ‘lawfare’, es decir, de instrumentalización de la Justicia por parte de sus adversarios políticos para perseguirla y desprestigiarla.
Fuente: EFE