Inicio Justicia En caso Calamar MP decidió «perdonar a culpables e imputar a inocentes”, afirma Martínez Hoepelman

En caso Calamar MP decidió «perdonar a culpables e imputar a inocentes”, afirma Martínez Hoepelman

El jurista denunció que el órgano acusador ha actuado con parcialidad

por DeLegalymas

Redacción Delegalymas

El abogado José Martínez Hoepelman, defensor de la exfuncionaria Princesa Alexandra García Medina, criticó la actuación del Ministerio Público en el proceso del caso Calamar, iniciado en 2021, en el que afirma que el órgano acusador “decidió perdonar a culpables e imputar a inocentes”.

Durante su intervención en la audiencia de este viernes, Martínez Hoepelman aseguró que su defendida -una empleada pública de carrera con más de 20 años de servicio- fue injustamente incluida en el expediente. “El Ministerio Público imputó a quien dijo la verdad y perdonó a quienes admitieron supuestas irregularidades por miles de millones de pesos”, expresó.

Recordó el abogado, que García Medina, exdirectora del Departamento de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, fue arrestada a su regreso al país tras haber sido tratada inicialmente como testigo. “Le solicitaron que afirmara hechos que no había visto ni vivido; su negativa a mentir para acomodar la versión del Ministerio Público la trajo hoy a este tribunal”, sostuvo, al tiempo que calificó el proceso como una “grosera violación de derechos fundamentales”.

En su exposición de defensa, el jurista también cuestionó que el Ministerio Público haya mantenido en libertad a personas que reconocieron responsabilidades directas en las supuestas operaciones irregulares, mientras persigue a funcionarios “inocentes que actuaron conforme a la ley. Es un patrón que se repite en este proceso: los verdaderos culpables fueron premiados y los servidores públicos honestos, castigados”, dijo.

Martínez Hoepelman se suma a otras posiciones de defensas expresadas en el juicio, las cuales también han cuestionado la “falta de objetividad del Ministerio Público y la manipulación de pruebas”.

Según su argumento, el expediente “carece de fundamento jurídico sólido y responde a un manejo selectivo de responsabilidades en perjuicio de quienes actuaron con transparencia”.

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