Redacción Delegalymas
Las medidas de coerción consistentes en garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento a salir del país impuestas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario, imputadas en el homicidio involuntario de Stephora Anne- Mircie Joseph, será apelada por el Ministerio Público.
El órgano acusador informó este miércoles al salir de la audiencia, que someterá un recurso de apelación en rechazo a las medidas cautelares dictada por la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci imputados por el homicidio involuntario de la niña Stephora Anne- Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro educativo.
La decisión de la jueza no responde a la solicitud del órgano acusador, el cual pidió para las imputadas del homicidio involuntario la imposición de una garantía económica por un monto de 50 millones de pesos a cada una, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica por ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos., el tribunal respondió imponiendo una garantía económica
Indica del mismo modo, que la magistrada ordenó la libertad pura y simple, sin ninguna medida de coerción a favor de Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo.
Reitera el Ministerio Público, que las medidas de coerción que solicitó son las másidóneas y proporcionales con los hechos imputados a las cuatro procesadas, por lo que se abocará a apelar dicha decisión.
“No estamos conformes con la decisión; nos enfocamos ahora en recibir la notificación con la decisión para presentar el recurso correspondiente”, dijo al salir de la sala de audiencias la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, responsable de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf).
El caso. Ha recibido la calificación jurídica de homicidio involuntario, que constituye una violación al artículo 319 del Código Penal dominicano. Y, de igual forma, le fue otorgada la calificación de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, por conducta típica al contenido del artículo 351-2 del Código Penal dominicano.
Señala también que la conducta de las imputadas es típica al contenido del artículo 14 de la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Se recuerda que la muerte de la niña ocurrió el pasado 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos, a donde fue trasladada en una excursión junto a otros alumnos del Instituto Leonardo Da Vinci, ubicado en la Carretera Don Pedro, en Santiago de los Caballeros.
Establece el Ministerio Público en las investigaciones realizadas, que tiene evidencias de que el centro educativo movilizó a 87 niños solo con 3 cuidadoras, sin tener en cuenta las medidas de seguridad y la profundidad de las piscinas del lugar, sin haber llevado salvavidas, ni preguntado a los padres o tutores si los niños sabían o no nadar, además de que tampoco requirieron chalecos salvavidas.
Indica asimismo, que según se ha podido evidenciar en un vídeo hubo negligencia extrema con respecto a las cuidadoras que tenían la obligación de Sthepfora, así como de las personas que intervinieron en la organización del paseo.