Redacción Delegalymas
Los jueces de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impusieron tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción a Tairi Vásquez Severino y Jhan Carlos Rivera Martínez, a quienes se les imputa ser miembros de una red de secuestro y lavado de activos.
A la solicitud del Ministerio Público, el tribunal dictó la medida cautelar a los acusados de participar en la organización delictiva en calidad de testaferros y prestanombres de Alfredo Vásquez Severino y Ambioris Vásquez Severino, quienes según el expediente, junto a otros miembros de la red secuestraron a una persona de 47 años de edad en La Otra Banda, Higüey, provincia La Altagracia, a la que solicitaron 20 millones de pesos por el rescate.
El caso. Ambos imputados fueron apresados mediante un allanamiento realizado de manera conjunta por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Policía Nacional
La jueza Francis Reyes Dilone dispuso que la medida sea cumplida por los imputados en la cárcel de mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya para hombres.
En la audiencia para la medida de coerción participaron los fiscales Claudio Cordero, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y de la Unidad Antisecuestro, así como Surielly Guerrero, de la Fiscalía de La Altagracia, quienes motivaron la solicitud de la medida de privación de libertad en los méritos de las pruebas recabadas.
Sostuvieron ante el tribunal, que los imputados, con el dinero obtenido del secuestro, adquirieron dos vehículos de alta gama en una agencia de vehículos en Santo Domingo Este, los cuales estaban bajo el dominio de uno de ellos al momento de su arresto en mayo de este año.
Añadieron además, que la víctima fue objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de golpes, heridas y afectación a la libertad ambulatoria por cuatro días, causantes de fuertes traumas emocionales.
Agregaron asimismo, que obligaron a la familia de la víctima a buscar más de 6 millones de pesos y hacer traspasos de vehículos a nombre de relacionados a los imputados, como método para evitar dejar rastros que los incriminaran.