Redacción Delegalymas
A través del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el Gobierno de la República Dominicana reiteró ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su firme rechazo a la proclamación como presidente de Venezuela a Nicolás Maduro, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, y llamó a la construcción de una transición democrática pacífica, soberana y liderada por los propios venezolanos, ante la delicada situación política, institucional y humanitaria que atraviesa ese país.
Durante su intervención ante los Estados miembros, el canciller dominicano recordó que la Organización de los Estados Americanos nació bajo la convicción de que “la solidaridad americana y la buena vecindad sólo pueden sostenerse sobre la base de la libertad individual, la justicia social y el respeto a las instituciones democráticas, fundadas todas ellas en el principio esencial de la dignidad humana”.
Sostuvo Álvarez, que ese espíritu fundacional debe “guiar hoy las deliberaciones del hemisferio, en momentos en que la región vuelve a enfrentarse a una situación compleja y prolongada que afecta a una nación hermana”.
Advirtió en ese sentido, que no debe minimizarse la magnitud del problema venezolano. “No nos llamemos a engaño, la crisis política, institucional y humanitaria de Venezuela ha desbordado sus fronteras desde hace años. Ha impactado a nuestras sociedades y ha generado profundas divisiones en esta organización”, afirmó Álvarez ante los Estados miembros.
Precisó asimismo, que la coyuntura actual es “especialmente delicada y peligrosa”, por lo que los países del hemisferio están llamados a actuar con la mayor responsabilidad colectiva. “Para evitar una escalada indeseable, para proteger a la población venezolana y para resguardar la estabilidad regional”.
De igual manera, al referirse al proceso electoral celebrado en Venezuela, Álvarez señaló de manera categórica, que tras las elecciones del 28 de julio de 2024, República Dominicana no reconoció la proclamación de Nicolás Maduro, y que junto con otros Estados, el país exigió “la publicación íntegra de las actas electorales y su verificación internacional”.
Explicó además, que como respuesta a ese reclamo legítimo, el 30 de julio de 2024 fueron expulsados de Venezuela los representantes diplomáticos y consulares de la República Dominicana, así como los de otros seis Estados, lo que evidenció, según dijo, deterioró las relaciones institucionales y democráticas en ese país.
Recordó también, que el 16 de agosto de 2024, con motivo de la toma de posesión del segundo mandato del presidente Luis Abinader, el Gobierno dominicano promovió la Declaración de Santo Domingo, suscrita por veintidós países y la Unión Europea, la cual exigió la publicación de las actas oficiales del escrutinio y demandó el respeto a los principios democráticos, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos los venezolanos, como condición indispensable para una convivencia política legítima.
Refirió de igual manera el canciller, lo expresado por el presidente Luis Abinader, quien dijo de manera enfática: “Resultan altamente condenables los atropellos contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia política que estamos observando en Venezuela. Estas actuaciones autoritarias son profundamente injustas y echan abajo las conquistas sociales logradas con el esfuerzo de generaciones. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea”.
Afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, que la posición dominicana es clara y responde a una estricta coherencia con sus valores democráticos. “Así como no reconocimos la legalidad de la proclamación de Nicolás Maduro, tampoco podemos conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular. República Dominicana no convalida hechos consumados”.
Advirtió no obstante, que el país tampoco puede aprobar que se siga poniendo en riesgo la paz social ni la integridad del pueblo venezolano, al tiempo que reiteró la necesidad de evitar escenarios de mayor confrontación.
En ese sentido, identificó dos prioridades que consideró inmediatas para la comunidad internacional: “Primero, la preservación del funcionamiento básico de las instituciones del Estado, y segundo, la construcción gradual de una hoja de ruta seria, realista y cuidadosamente planificada que apoye una transición democrática”.
El canciller concluyó alocución, indicando que dicha transición debe enmarcarse sin ambigüedades, anclada en los principios más elementales del orden internacional, entre los que mencionó: la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias, como base para una salida democrática y duradera a la crisis venezolana.