La Procuraduría General de la República (PGR) requirió a la Dirección General de Migración (DGM) a proceder con las alertas migratorias e impedimentos de salidas del país solo en los casos que tengan un sustento judicial, con la finalidad de fortalecer las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.
En tal sentido, le solicitó levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, afirmando que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo intensivo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, en la cual se analizó la data desde 1990, con el objetivo de auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una renovación de oficio.
Destaca la PGR, que dicho análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaba su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos de hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente.
Añade asimismo, que la disposición permite a que en la actualidad esa realidad cambie en beneficio del ciudadano, pedimento hecho oficialmente por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.
Pide Reynoso en ese sentido, que sin importar quién lo haya colocado el impedimento de salida o alerta migratoria, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.
Precisa la institución, que en el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de esas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.
Explica la Procuraduría General de la República, a través de un comunicado de prensa, que más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución, destacando que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.
Refiere además, que con dicha iniciativa, la PGR y la DGM reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos, tal como lo establece el artículo 169 de la Constitución dominicana, reforzando así la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito, expresado en los artículos 40 y 46, de la Ley número 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.