Este vienes el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ordenó a los funcionarios electorales de California a identificar a los supuestos no ciudadanos en los registros de votantes, y apartar sus votos emitidos por correo, advirtiéndoles que quienes teniendo conocimiento al respecto cuenten dichas boletas podrían enfrentar responsabilidad penal.
La disposición judicial forma parte de las acciones que ejecuta la administración Trump por examinar de manera minuciosa los registros de votantes, al tiempo que continúa con sus acusaciones sobre fraude electoral, fortalecidas por las alegaciones injustificadas del presidente Donald Trump.
A través de cartas enviadas a los funcionarios electorales de los condados de California, se les solicita colaborar con el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para “identificar quiénes de la lista adjunta son ciudadanos y quiénes no”.
“Si las personas contabilizan a sabiendas las papeletas emitidas por individuos identificados por las agencias federales como no ciudadanos, corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal”, escribió el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, en una carta a los funcionarios del condado de San Bernardino.
Dichas cartas fueron enviadas debido a una exigencia realizada a principios del presente mes por el subsecretario de Justicia Interino Trent McCotter, quien dio al condado de Los Ángeles y a la Secretaria de Estado de California, Shirley Weber, 48 horas para revisar una lista federal de presuntos no ciudadanos a quienes se les habían enviado boletas electorales por correo.
Según la información publicada por CNN, una carta anterior, enviada el 13 de octubre, incluía una memoria USB protegida con contraseña que contenía los nombres de personas que, según la administración, “probablemente no son ciudadanas” y a quienes se les habían enviado boletas para las elecciones de noviembre.
En esa misiva solicitaba a los funcionarios que apartaran temporalmente las boletas de las personas cuya ciudadanía no pudiera se confirmada, en lugar de cancelar sus inscripciones. “Mantener registros precisos del censo electoral es una responsabilidad fundamental de nuestra oficina”, declaró Dean C. Logan, secretario del condado de Los Ángeles, en un comunicado tras recibir la carta del 13 de octubre.
“Las leyes federales y estatales son claras sobre cómo se establece la elegibilidad para votar, y cualquier medida para excluir a un votante de la elegibilidad debe basarse en información verificable, no en afirmaciones de coincidencia de datos no confirmados”, manifestó.
Consecuencias. Refiere la información, que la semana pasada, el Departamento de Justicia demandó al estado de California y al condado de Los Ángeles para impedir que las autoridades contabilizaran más de 20.000 votos por correo pertenecientes a personas que, según el Gobierno, probablemente no son ciudadanas estadounidenses.
Mientras que un juez federal programó una audiencia para la próxima semana, no obstante, el Departamento de Justicia solicitó la intervención del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos.
“Cada minuto de procesamiento que se produce sin separar las papeletas de los votantes presuntamente no elegibles provoca una privación del derecho al voto imposible de rastrear y una dilución de los votos de los ciudadanos de Estados Unidos”, señalaba la moción.
Asimismo, un conflicto legal similar está ocurriendo en Alaska, donde la administración Trump busca bloquear la certificación de la contienda por el Senado estatal bajo ciertas circunstancias, si el senador republicano Dan Sullivan pierde.
De igual manera, en agosto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró que su departamento había identificado a 250.000 personas que, según creía, no eran ciudadanas y estaban inscritas para votar en cuatro estados, entre ellos California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada, tras comparar los registros de votantes con los datos federales de inmigración. Sin embargo, las afirmaciones de la administración han sido objeto de escrutinio, y algunos hallazgos iniciales no se han mantenido tras una revisión más exhaustiva.
En cuanto a Nevada, por ejemplo, el DHS informó a los funcionarios estatales que su hallazgo inicial de 15.900 personas potencialmente no ciudadanas registradas era preliminar y no había sido verificado, y que solo había confirmado 185 casos mediante una revisión manual.
En tanto que el mes pasado, funcionarios de Nevada informaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que su revisión posterior determinó que las 185 personas eran ciudadanos estadounidenses, una conclusión que la agencia federal refuta.
En ese sentido, en respuesta a las cartas del viernes, el senador Alex Padilla (demócrata por California), miembro destacado de la Comisión de Reglas y Administración del Senado de Estados Unidos, que supervisa las elecciones federales, calificó a la administración de “temerosa y desesperada”.
“El Departamento de Justicia de Trump no ha aportado ninguna prueba que respalde sus afirmaciones de fraude electoral masivo. Han admitido que los datos que citan son inexactos y poco fiables. Por muchas demandas que presenten o por muchas amenazas que hagan a los funcionarios electorales, no tienen autoridad para interferir”, declaró Padilla.
Y agregó: “La administración Trump está asustada y desesperada. Sus intentos de controlar nuestras elecciones fracasarán. Funcionarios electorales: los apoyamos. California: su voto es su voz. Úsenlo y exijamos responsabilidades a esta administración”.
Fuente/CNN