El juez Leomar Cruz Quezada de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, a solicitud del Ministerio Público, envió a prisión preventiva por tres meses como medida de coerción a dos mujeres acusadas junto a otra del delito de tráfico de menores de edad desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica.
Adolfina Paula Pimentel y Cristian Del Carmen Rosario Rodríguez deberán cumplir la privación de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, mientras que la otra imputada- Yaribel Cristina Esquea- debe pagar una garantía económica de RD$50 mil mediante compañía aseguradora y presentarse periódicamente por ante el Ministerio Público.
El caso fue también declarado por el tribunal de tramitación compleja. Y, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Alvárez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), tuvo a su cargo junto a Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario, integrantes del Ministerio Público adscritos a ese órgano especializado y a la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte, respectivamente, la presentación de la solicitud de la medida cautelar impuesta.
Según establecieron en la solicitud de medida de coerción, hasta el momento han sido identificadas tres víctimas adolescentes con edades de 14 y 16 años, quienes se encuentran bajo cuidado y protección de las autoridades.
Añaden en ese sentido, que la PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional iniciaron una investigación en contra de las imputadas al establecer su vinculación al tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, en la modalidad de transporte de personas por vía aérea mediante la suplantación de identidad, así como a la suplantación de identidad para traficar y tratar niños desde la República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica.
Detalla además la instancia, que en fecha ocho del presente mes de octubre del año en curso, la investigada Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas, conjuntamente con dos de las víctimas con la intención de abordar un vuelo con destino a la isla de Tórtola y, posteriormente, a la isla de Dominica.
Indica igualmente, que en el área de inspección presentó los permisos de control migratorio de salida número 00174-2610, 00175-2610 y 00876-2750, los cuales, al ser verificados por un inspector, permitieron determinar que el último de estos era falso. Y, al detectar dicha irregularidad, el inspector procedió a trasladar a la investigada Pimentel, así como a las dos adolescentes a la sala de investigación migratoria.
Relata asimismo, que mientras las autoridades entrevistaban a las adolescentes, fue posible determinar que estas solo se comunicaban en creole, hecho que llamó la atención, toda vez que en los pasaportes que portaban se establecía que eran de nacionalidad dominicana, por lo que las autoridades procedieron a cuestionar a Pimentel sobre la identidad de dichas menores y su vinculación con estas, manifestando la imputada que no las conocía y que otras personas, a quienes tampoco conocía, les habían entregado a las adolescentes en la terminal aeroportuaria.
En tal sentido, Pimentel fue arrestada en flagrante delito. Y, durante el desarrollo de las investigaciones, fue obtenida una certificación emitida por la Dirección General de Pasaportes, en la que se hace constar que los pasaportes utilizados por las adolescentes habían sido emitidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, utilizando registros de nacimiento de adolescentes de nacionalidad dominicana, hijas de padres residentes en la localidad de Villa Mella, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.
Según consta también en la solicitud de medida de coerción, a la imputada Esquea le habían ofrecido dinero para que facilitara los datos de sus hijas, con la finalidad de hacer pasar a otras niñas como si fueran sus hijas, obtener pasaportes a nombre de estas y sacarlas del país, propuesta que aceptó. Estable de igual manera la instancia, que Rosario Rodríguez también le dijo a Esquea que le entregaría dinero para sacar a una de las víctimas del país.