EFE
Managua.-
Los abogados defensores de los «presos políticos» de Nicaragua ofrecieron este martes una salida jurídica para que estos recobren de manera inmediata su libertad sin necesidad de recurrir a un indulto o amnistía, en medio de la grave crisis sociopolítica que vive el país desde hace más de un año.
En una presentación pública, los abogados identificaron siete rutas que deben seguir los Poderes Judicial y Ejecutivo para que se cumpla el compromiso de las negociaciones entre la oposición y el Gobierno de liberar de manera «definitiva, segura y con garantías», a los «presos políticos» conforme las leyes nicaragüenses.
Estas opciones presentadas por los defensores dejan por fuera alguna posibilidad de amnistía, como ha ofrecido el Ejecutivo de Daniel Ortega pero ha rechazado la oposición, que sostiene que los detenidos lo están por razones políticas y no por algún delito que admita ese beneficio.
En la primera ruta, dirigida las personas acusadas pero que no han sido detenidas -incluye a exiliados-, el Ministerio Público debe manifestar que no tiene pruebas ante el juez competente, quien deberá emitir una sentencia de sobreseimiento, lo que toma un día, explicó el abogado Boanerges Fornos.
En la segunda ruta, específica para presos sin juicio en su contra, el Ministerio Público debe desestimar la denuncia, lo que no toma más de un día, según el abogado.
Una tercera ruta está dirigida a los acusados con juicio pendiente y consiste en que el Ministerio Público solicite sentencia de sobreseimiento por falta de pruebas, lo que requiere un día, señaló Fornos.
La abogada Yonarqui Martínez explicó que en la cuarta ruta, diseñada para las personas con juicio en proceso, la Fiscalía debe solicitar sentencia de sobreseimiento, que necesita un día para ser ejecutada.
En la quinta ruta, para personas condenadas, el Tribunal de Apelaciones debe ordenar al Juez de Distrito que emita una sentencia revocatoria, lo que no se llevaría más de 5 días, indicó la defensora.
Y en la sexta se aplicaría lo mismo que la anterior pero dirigida a presos con sentencia firme, que fueron inculpados por un juez o que fueron obligados a declararse culpables, lo que requiere 5 días, indicó Martínez.
La séptima ruta es especial para los menores de edad, quienes deben recibir sentencia absolutoria y sobreseimiento definitivo en cualquier etapa del caso, explicó la abogada.
La abogada Laura Alarcón advirtió que si bien esta es una solución rápida y apegada a derecho, «para que se haga efectiva únicamente requiere la voluntad del Gobierno».
Su colega María Asunción Moreno afirmó que los 809 reos «políticos» que cuenta la oposición no deberían volver a ser capturados por los mismos hechos, y que se debe «asegurar su libertad, integridad, reinserción laboral, seguridad personal y familiar, y no repetición».
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, resaltó que los expertos han rechazado el indulto y la amnistía como una solución porque los «presos políticos» no han cometido delitos.
El Ejecutivo de Ortega que reconoce 468 reos, a los que llama «terroristas» o «golpistas», ha prometido excarcelar a todos los «presos políticos» a más tardar el 18 de junio próximo, conforme la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es decir, los 809 que reclama la oposición.
Hasta ahora el Gobierno ha excarcelado a 336, quienes han sido enviados a sus casas bajo diferentes regímenes carcelarios, en medio de presiones de la oposición y de la comunidad internacional.
Los últimos 100 fueron excarcelados en las últimas horas, después de que la oposición se retiró de una mesa de negociación instalada para hallar una salida pacífica a la crisis, precisamente porque el Gobierno no ha cumplido con el compromiso de liberar a los manifestantes antigubernamentales arrestados.
Los abogados rechazan la excarcelación, y exigen liberad definitiva, con el argumento de que los «presos políticos» no han cometido delitos.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado unos 325 muertos, según la CIDH, aunque grupos locales elevan la cifra a 593, y el Gobierno reconoce 199.