Redacción Delegalymas
Para el próximo 2 de enero del 2023, fue aplazada la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción a Lorenzo Silverio Almonte o Julián Almonte (El Pastor), director de un centro de rehabilitación intervenido por el Ministerio Público.
La Fiscalía de Santiago dijo este martes que puso a disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente numerosas pruebas que comprometen la responsabilidad penal del director de dicho centro, quien podría enfrentar cargos por actos de tortura, maltrato, así como abuso sexual y psicológico en perjuicio de menores de edad.
La jueza Wendy Tavárez decidió aplazar la audiencia para inicio del año entrante, donde ponderará la pertinencia de la solicitud de la Fiscalía de Santiago, sobre la petición de imponer la prisión preventiva como medida de coerción contra el acusado.
El “Pastor” fue apresado en medio de una de las diligencias de investigación que el Ministerio Público coordinó, a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, y en la que también participaron otros organismos del Estado.
En el marco de dichas acciones investigativas, el Ministerio Público allanó el centro de rehabilitación, dirigido por el imputado, en donde unas cinco adolescentes supuestamente sufrieron numerosos abusos físicos y psicológicos mientras estaban en calidad de internados en la citada institución, cuya función es tratar a adolescentes con problemas de alcoholismo y de conducta.
Durante el operativo, las autoridades rescataron del lugar a cinco adolescentes que estaban “hacinados y en condiciones deplorables e inhumanas”, los cuales fueron puestos bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Las evaluaciones físicas y psicológicas practicadas a los afectados, con edades entre 13 y 17 años, revelaron que eran violados sexualmente por adultos responsables de su cuidado, obligados a ingerir sustancias psicóticas y medicamentos sin prescripción médica, además de que recibían castigos como dormir en el suelo, amarrados con cadenas y mojados.
Participaron en la investigación: la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Policía Nacional.