Redacción Delegalymas
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió este viernes la solicitud de las defensas de los imputados en el caso de corrupción administrativa Coral y Coral 5G planteada por el Ministerio Público.
El procurador adjunto Wilson Camacho destacó que los fiscales se mantienen abiertos a que las defensas y los imputados conozcan las pruebas que acompañan el expediente.
Asimismo, Camacho alertó al tribunal que conoce los casos Coral y Coral 5G que algunas defensas incidentan el proceso para dilatar su curso jurídico como una estrategia con la que luego persiguen el cese de la prisión preventiva que cumplen los imputados por corrupción administrativa.
“Hay algo que hay que tener claro en este proceso: hay nueve personas que están privadas de libertad, y seis de esas nueve personas, han manifestado al tribunal no tener ningún inconveniente con el acceso a las pruebas, es un tema que el Ministerio Público ha garantizado desde el primer día”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a miembros de la prensa.
Agregó, que de los otros tres casos, una de ellas, también admitió en el tribunal que tiene su propia computadora personal y que en consecuencia ha estado accediendo a las pruebas.
Detalló Camacho, no obstante, que el tribunal ha querido que los otros dos acusados ingresen sus computadoras personales al centro. “Este es un tema al que el Ministerio Público en ningún momento se ha opuesto porque nuestro caso no depende de si la defensa revisa o no revisa la gran cantidad de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este proceso, ese es un proceso blindado, y eso en modo alguno, afecta la fortaleza del mismo”, expresó.
Manifestó que “lo que sí nosotros le hemos advertido al tribunal es que estos planteamientos de las defensas, en muchos casos procuran dilatar el proceso, pretendiendo utilizarlos cuando avance el tiempo para querer luego que estas cuestiones surtan efecto a su favor con relación al cese de la prisión preventiva”.
En la audiencia de este viernes participó, citado por el tribunal a instancia de una barra de defensa, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, quien expuso sobre los derechos de los privados de libertad.
Las operaciones Coral y Coral 5G. El Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.