Redacción Delegalymas
Pasadas las 11:00 de la noche de este viernes, el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, suspendió para el próximo 19 de diciembre la audiencia preliminar a los procesados en la Operación Medusa.
El magistrado tomó la decisión a solicitud de los abogados de la defensa de los procesados, con la cual el Ministerio Público estuvo de acuerdo. El aplazamiento de la audiencia preliminar se hizo con la finalidad de que los abogados y sus representados tengan más tiempo para estudiar el expediente y preparar sus medios de defensa.
Según se explicó, la suspensión de la audiencia tiene como objetivo que todos los involucrados puedan ser notificados con el escrito de acusación del Ministerio Público, así como de las pruebas ofertadas, por lo que se les otorgó un plazo de 60 días hábiles a partir de la notificación y de una logística, claramente calendarizada, de entrega a los imputados de la documentación digital.
La audiencia, que inició pasadas las 10:30 de la mañana de este viernes y concluyó después de las 11 de la noche, fue celebrada en la Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional (Sala Augusta), localizada en el antiguo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
Respecto al aplazamiento de la audiencia, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que las pruebas aportadas por el Ministerio Público apuntan a condenas de 20 años de prisión para los procesados de la Operación Medusa
Camacho, quien encabezó junto a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, el equipo de fiscales en la primera audiencia del juicio preliminar contra los imputados, valoró la cantidad de pruebas aportadas por el Ministerio Público.
“Nosotros, en todos los casos, hemos estado dispuestos a dar la asistencia que sea necesaria para que las defensas puedan revisar las pruebas. Lo que no puede negar la defensa es que la cantidad de pruebas con que cuenta el Ministerio Público es abrumadora. Lo que no pueden negar las defensas es que los hechos que ha presentado el Ministerio Público en esta acusación, es una acusación para 20 años”, dijo Camacho.
El titular de la Pepca recordó que el Ministerio Público, en todos sus procesos, está de acuerdo en que las personas privadas de libertad tengan acceso a computadoras para estudiar las pruebas. “Nosotros hemos mandado a instalar computadoras en los centros para que los acusados puedan revisar las pruebas. Nosotros hemos estado de acuerdo en todas las oportunidades con que tengan el tiempo suficiente para revisar esas pruebas. Si hay que instalar programas no tenemos ningún inconveniente en instalar programas para que puedan revisar las pruebas”, dijo.
Resaltó que el Ministerio Público cumplirá con presteza con la entrega de las evidencias en los términos establecidos en la audiencia de este viernes por el tribunal.
Recordó, sin embargo, que el Ministerio Público ha aplicado un protocolo en todos los casos para entregar siempre las acusaciones al tribunal en forma física, incluso. “Por eso, hoy el tribunal ha dicho que tiene todas las acusaciones necesarias para notificar a las partes y hemos entregado las pruebas en la forma que establece el Código Procesal Penal Dominicano”, indicó.
Los imputados de la Operación Medusa. Enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso el pasado 2 de julio. En el proceso Camacho destacó que “esta es nuestra acusación más grande, tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos”. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Por el caso guarda prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso. También, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
Mientras que Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.