Redacción Delegalymas
La audiencia preliminar de la Operación Discovery, que se conocería este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción de Santiago de los Caballeros, fue aplazada, debido a que defensa técnica del imputado Sucre Rafael Rodríguez Ortíz recusó de forma temeraria a la jueza Iris Sugelly Borgen Santana.
El Ministerio Público dijo que recusación a la magistrada planteada por el abogado José Reinoso, ha sido una nueva estrategia de la defensa en procura de dilatar el proceso, “debido a que se basa en argumentos infundados».
Indica que en la formulación de su recurso, el abogado alegó que la magistrada Borgen Santana “ha emitido órdenes de arresto, intervenciones judiciales, entre otras diligencias, en la etapa preparatoria”.
“La exposición de este recurso de exclusión hacia la juzgadora, está basado en argumentos insustanciales que sólo persiguen dilatar el proceso para posteriormente realizar solicitudes de extinción”.
La acusación de la Operación Discovery. Está formulada contra 46 personas físicas y 5 entidades societarias, a quienes se les atribuyen delitos como la estafa a través de medios electrónicos, extorsión sexual, robo de identidad y chantaje, a través de los cuales despojaban a sus víctimas de sus recursos.
El escrito de acusación depositado en tiempo hábil por la institución de justicia, contiene más de mil páginas, en las que se detallan las maniobras fraudulentas de los imputados, afiliados a esta estructura criminal que utilizó sofisticados medios para irrumpir en la vida de las víctimas.
Según considera el Ministerio Público, “con esta táctica dilatoria la defensa técnica del cerebro de la organización criminal, pretende rehuirle a la robustecida acusación en la que se despliega un grueso de más de 750 pruebas documentales, 600 pruebas materiales, y otra decena de elementos probatorios periciales, así como testimoniales”.
Respecto a la recusación, el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, destacó la fortaleza de la acusación, y confía en que la Corte responderá basada en la norma para salvaguardar la celeridad del proceso.