Redacción Delegalymas
Como es costumbre cada 6 de noviembre, este jueves el Tribunal Constitucional (TC), presidido por el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, celebró una audiencia solemne en la provincia de San Cristóbal, con motivo de la conmemoró del 181 aniversario de la proclamación de la Constitución dominicana, acto que contó con la asistencia del presidente Luis Abinader.
En el acto conmemorativo, los jueces del pleno reflexionaron sobre los deberes fundamentales de los ciudadanos establecidos en la Carta Magna, así como la importancia de cumplir con estos para el fortalecimiento del país y la convivencia en armonía.
El presidente del TC destacó que no puede haber plenitud ciudadana pretendiendo ejercer libertades sin asumir responsabilidades, pues “los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos. Una República no puede aspirar a fortalecerse si forma ciudadanos que reclaman derechos, pero desconocen los deberes que garantizan la convivencia, la justicia y el bien común».
Sostuvo Estévez Lavandier, que el constitucionalismo contemporáneo reconoce que los deberes fundamentales no son simples exhortaciones morales, sino mandatos jurídicos vinculantes para todos los ciudadanos, y reconoció que «no estamos exentos del cumplimiento de los deberes que la propia Constitución impone a toda persona, por el contrario, al hablar públicamente de ellos, ratificamos nuestra convicción de que su difusión es esencial para promover su cumplimiento y fortalecer la cultura cívica y constitucional».
Afirmó asimismo el presidente del tribunal de alzada, que conmemorar el aniversario de la proclamación de la Constitución, va más allá de recordar un suceso histórico importante, que es rendir tributo a un acto de fe en la libertad y la dignidad del ser humano, y añadió que honrar esa herencia implica asumir el compromiso de ser ciudadanos responsables, guardianes del orden constitucional y promotores del civismo que sostiene la República Dominicana.
Reafirmó en ese sentido, el compromiso del Tribunal Constitucional de garantizar la supremacía constitucional, proteger los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos, que aseguran la unidad y la estabilidad de la nación.
El director de la PN, general Ramón Antonio Guzmán Peralta, junto a la exprocuradora general Miriam Germán Brito.
A seguidas, el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente del TC, se refirió al deber constitucional de velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública, establecido en el artículo 75.12, y manifestó que la ciudadanía no sólo se construye con la exigencia de los derechos, sino también del cumplimiento de las obligaciones constitucionales. Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente del TC, resaltó la responsabilidad ciudadana que establece el artículo 75.4 de la Constitución sobre prestar servicios para el desarrollo, el cual afirmó tiene el propósito de sembrar el valor del compromiso social, de la cooperación y del trabajo solidario como columnas de la dominicanidad.
Parte de los ministros, funcionarios e invitados especiales asistentes a la audiencia solemne por el 181 aniversario de la Constitución dominicana.
A continuación, el magistrado Domingo Gil afirmó que el deber de actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, según el artículo 75.10 de la Constitución, requiere una participación activa de los ciudadanos y “nos conmina a ayudar a crecer sobre la base del más estricto respeto a la dignidad de ese prójimo”.
De su lado, el magistrado Fidias F. Aristy Payano dijo que es preciso entender que la recaudación de los recursos es ineludible para el buen funcionamiento de la administración pública y permite la promoción del desarrollo y el bienestar común, y destacó en ese sentido, que el Gobierno central ha venido actuando con transparencia y dando prioridad a obras de especial necesidad social, en cumplimiento del mandato constitucional de administrar con eficacia los recursos públicos.
Señaló asimismo, que la transparencia en el uso de los fondos estatales ha sido uno de los anhelos históricos del pueblo dominicano, al tiempo que exhortó a las autoridades a continuar gestionando los recursos “en forma diáfana, tan diáfana y tan nítida como la luz que ilumina la esperanza de los pobres”.
Igualmente, el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, habló sobre la obligación constitucional de abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana, según lo establece el artículo 75.5, y aseguró que ese enunciado procura que el ciudadano tome conciencia del papel que desempeña en la preservación de la imagen, la defensa de la nación y la soberanía de la patria.
En el acto habló también la magistrada Sonia Díaz Inoa, quien destacó la importancia del mandato constitucional de votar, de acuerdo con el artículo 75.2, ya que el sistema democrático descansa en el ejercicio del sufragio y es el único instrumento mediante el cual se asegura jurídica e institucionalmente que emana la voluntad popular.
Asimismo, la magistrada Alba Luisa Beard Marcos se pronunció sobre el deber de cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social, según el artículo 75.9 de la Constitución, afirmando que cumplir con esta responsabilidad es de vital importancia para el desarrollo humano, y que además de fortalecer la nación y el Estado de derecho, constituye un acto de amor y de solidaridad para construir un país más justo, humano y unido.
En cuanto al deber de desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano, cumpliendo con lo que reza el artículo 75.11, el magistrado José Alejandro Ayuso resaltó la relevancia de cumplir con este mandato, pues “sin un ambiente sano, la cultura se marchita, y sin cultura, la naturaleza pierde su alma».
La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera expuso sobre el deber fundamental de los dominicanos a educarse, consagrado en el numeral 8 del artículo 75, resaltando que la educación es un compromiso de todos, pues es un pilar fundamental para la sociedad y a través de ella se construye una nación de valores y de ciudadanos comprometidos.
Mientras que el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega hizo énfasis en el deber de acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades, según el artículo 75.1, indicando que aunque esta obligación atañe a todos los ciudadanos, tiene una carga especialmente significativa para los que ejercen la función pública.
Sobre el deber de dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad, consagrado en el artículo 75.7, la magistrada Army Ferreira expuso que trabajar es participar activamente en la creación del bien común y contribuir al ideal de una sociedad más justa, solidaria y próspera.
En tanto que el magistrado Amaury A. Reyes Torres recalcó la importancia de prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación como lo establece el artículo 75.3 de Carta Magna, y afirmó que este deber no es vacío y solitario, sino que sirve para preservar el país y el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la justicia, concluyó.