Redacción Delegalymas
La ampliación de la capacidad de atención hacia las personas con alguna discapacidad, debe hacerse desde el Gobierno, el cual, según el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen Custodio, debe asumir su deuda con la población respecto a la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), promulgada el 5 de junio de 2023.
“Hemos observado que muchos pacientes de estos están desamparados, por lo que se requiere una ampliación de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), dotados de profesionales y técnicos con las competencias requeridas que puedan ayudar a estas familias, muchas de las cuales han visto sus presupuestos mutilados por las diferentes razones que conlleva tener un familiar con un cuadro de esta magnitud”, expresa Lacen Custodio.
El pastor manifestó su preocupación por el incumplimiento de parte del Estado en la aplicación de indicada normativa, denunciando que la falta de implementación y capacidad de esta ha dejado en total abandono a cientos de familias dominicanas, en especial a madres solteras, quienes se ven obligadas a enfrentar solas la dura realidad de criar a un hijo con TEA y sin el apoyo del Estado.
“Este es un drama humano que no podemos ignorar. Hay niños y adultos con TEA que siguen sin recibir la atención adecuada, sin acceso a programas de inclusión y sin el respaldo de políticas públicas efectivas, y sobre todo, de la Ley 87-01 sobre Salud”, señaló.
Mostró preocupación igualmente por lo que consideró un desbordamiento de pacientes de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), lo que afirma enfrentan una demanda de más de 3,000 familias en lista de espera, y que dicha espera puede durar hasta tres años.
El religioso afirmo, que el incumplimiento de la Ley 34-23 está generando una crisis emocional y económica en cientos de hogares dominicanos. “Conozco de madres que han caído en depresión, de padres que viven angustiados porque no cuentan con los recursos para brindar la atención que sus hijos necesitan. Esta es una realidad que el Gobierno debe darle su atención como una de las políticas prioritarias que tiene ”.