Redacción Delegalymas
Dentro de sus jornadas de escucha a diversos sectores de la sociedad sobre la modificación al tan debatido proyecto de Código Laboral-Ley 16-92- este jueves la comisión de la Cámara de diputados que estudia a iniciativa legal recibió a una delegación del empresariado, encabezada por vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam.
El diputado Mélido Mercedes Castillo, presidente de la comisión, previo a la posición de los participantes, les adelantó que la decisión relacionada con la reforma del Código de Trabajo es consensuada, por lo que les solicitó las observaciones por escrito, las que estos se comprometieron enviar en una semana.
Asimismo, el vicepresidente ejecutivo del Conep durante su intervención, se mostró de acuerdo con una modificación integral a esa legislación, que la mantenga vigente para las próximas décadas, para lo cual consideró necesario que haya un nivel de coherencia entre dos iniciativas que se conocen en el Congreso Nacional.
“Estamos interesados en que las discusiones del Código avancen y que se dé una articulación entre ambas cámaras, con la conformación de una comisión bicameral”, consideró el dirigente empresarial.
Manifestó en sus observaciones, que se está dejando fuera las variaciones en la producción y el garantizar que los trabajadores sean despedidos por una quiebra de la empresa. En cuanto al teletrabajo, dijo que no todas las actividades de una empresa deben ser desarrolladas bajo esta modalidad, al tiempo que recordó lo ocurrido durante la pandemia de la Covid-19, cuando muchos empleados tuvieron que laborar de manera presencial.
Abogó, no obstante, porque sea promovida la digitalización, “que nada se haga de manera manual”, ya que puede generar distorsiones, en el entendido de que se está legislando para el futuro.
Entiende asimismo Dargam, que los montos de las multas en el nuevo Código, consistentes en 120 salarios mínimos, son excesivos y pidió que sean rebajadas a 10, debido a que las pequeñas y medianas empresas no podrán cumplirlas por falta de recursos.
El empresario negó que los empleadores estén contrario al derecho a la cesantía de los trabajadores, aunque pidió que se le ponga un tope a por los menos seis años, ya que un contrato laboral puede durar un largo tiempo y la empresa no tenga los recursos suficientes para pagar las prestaciones.
Concluyó su posición reiterando que la postura del empresariado es que el período de prueba del trabajador sea extendido de tres a seis meses, sin afectar sus prestaciones, para que pueda adquirir más experiencia.
De su lado, Fernando Pinales, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), afirmó que el 85 por ciento de las empresas dominicanas está en este renglón, lo que conlleva a que opten por la informalidad, debido al inconveniente de pagar las prestaciones laborales.