Redacción Delegalymas
Joel Antonio Durán Tavares, ex inspector de seguridad y monitoreo de la Junta Central Electoral (JCE), fue condenado a 15 años de prisión, tras ser hallado culpable del robo de RD$37,117,300.00 (treinta y siete millones ciento diecisiete mil trescientos pesos) en efectivo de esa institución.
Acogiendo la petición de la Fiscalía de Santiago, los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, procedieron a imponer la condena de 15 años de cárcel al acusado de sustraer la cantidad de dinero, luego de irrumpir, rompiendo puertas y una pared, hasta la zona donde estaba guardada la suma millonaria en el recinto electoral de esta provincia cibaeña.
Según la decisión del tribunal, el condenado deberá además pagar una indemnización civil de 10 millones de pesos a favor de la institución agraviada. El titular del Ministerio Público de Santiago, fiscal Osvaldo Bonilla, expresó su valoración a la condena emitida, al considerar que la misma resarce en materia penal y civil el daño infringido a la Junta Central Electoral, y también porque valida la investigación penal desplegada por la institución persecutora.
«En relación a los demás acusados que fueron absueltos, esperaremos la notificación de la sentencia íntegra, a los fines de analizar si es pertinente presentar un recurso de apelación», indicó el fiscal titular.
La Fiscalía de Santiago estuvo representada por los fiscales Luisa García y Elvin Ventura, quienes sustentan con pruebas que el tribunal consideró no vinculantes, la participación en los hechos de Juan Carlos Fortuna, Estarlin Rosario y Jorge Luis Peña Rossó, quienes junto a Durán Tavares se asociaron para cometer el robo.
Mientras que el tribunal estuvo integrado por los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres.
Los hechos atribuidos al condenado ocurrieron el 29 de junio del año 2020 en víspera del proceso electoral que la JCE organizaba, en tanto que la suma sustraída se destinaría para el pago nominal de empleados fijos y personal contratado.
La relación circunstanciada de los hechos que fueron investigados por un amplio equipo coordinado por el fiscal Juan Elías Pérez, narró ante el tribunal, que el condenado, habiendo acordado la trama, no abandonó el edificio a la hora en que estaba previsto retirarse de sus labores y se escondió en el sótano de la institución, a la espera de que todo el personal se retirara.
Añade, que una vez que se le confirmó la salida de todo el personal, se dirigió a la zona de monitoreo y desactivó las cámaras de vigilancia, para luego, haciendo uso del carnet de un empleado pensionado, abrir una de las puertas, forzar otras y romper una pared en sheetrock hasta llegar al baño contiguo a la oficina del presidente del organismo y sustraer la suma indicada.
Luego de varios interrogatorios y más de 20 allanamientos, la Fiscalía de Santiago logró recuperar más de un millón de pesos en la residencia del condenado y de familiares, y el resto del dinero fue encontrado escondido en el plafón del sótano del órgano electoral.
Basada en estos hechos, la Fiscalía le atribuyó al condenado la violación a los artículos 265, 266, 379, 384 y 386. 3, del Código Penal Dominicano, que sanciona la asociación de malhechores, el robo con fractura y rompimiento y robo asalariado.