Redacción Delegalymas
El Tribunal Colegiado de Montecristi, fundamentado en las pruebas aportadas por el Ministerio Público, impuso penas de 15 y 10 años de cárcel a miembros activos del Ejército de la República Dominicana (ERD) y civiles procesados en un caso de red de tráfico ilícito de migrantes provenientes de Haití.
Indica el expediente, que los condenados a 15 años de prisión son Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno, quienes utilizaron su investidura militar para facilitar y permitir, con dolo y omisión, el paso irregular de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano por la frontera norte, entre las provincias Dajabón y Montecristi.
Asimismo, a los organizadores y colaboradores civiles se les impuso de 10 años de prisión, por violar la ley y la dignidad humana. Entre actores claves de la red ilícitos se encuentran Eddy Rafael Cordero Villanueva (Nelson) y Osiris Rafael Estévez Fortuna.
De igual modo, el tribunal impuso a Edna Josep, de nacionalidad haitiana y responsable de alojar y ocultar a los migrantes en el país, una condena de 10 años de prisión, al confirmarse su participación activa y consciente en el entramado delictivo.
Condenó también a cinco años de prisión a los transportistas Santo Valerio Contreras, conocido como Santico; Anelby Susaña Guzmán (Chichi), Hilario Antonio Gómez Paúl, Jesús María Cerda, Elbio José Castillo Martínez (Soco), Aquilino Sosa Fernández, Expedito Rodríguez (Bobole) y Anelsy Escarlex Cordero Núñez, vinculados a la logística de movilización de los migrantes.
Según explicó la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), pese a alegar circunstancias atenuantes, la falta de arrepentimiento y alto grado de participación en los hechos pesaron considerablemente en la decisión judicial.
Destacó Bejarán Álvarez “que en el caso de la red de tráfico de migrantes ilegales, el Ministerio Público logró un fallo histórico, que se corresponde con las graves violaciones a los deberes constitucionales”.
Resaltó que la condena representa “un paso firme en la defensa de la soberanía nacional y la integridad institucional de la República Dominicana. La sentencia constituye un precedente trascendental en el combate contra las redes criminales que operan en las zonas fronterizas”, dijo.
En el caso Bejarán Álvarez representó al Ministerio Público junto las fiscales Grimaldi Oviedo de Montecristi, y Yohanny Herrera, quienes presentaron un expediente fuerte, sustentado con pruebas contundentes, con las que quedó demostrada la responsabilidad penal de los procesados.
Los jueces Mercedes María Reyes Jerez, Anabel Rodríguez y Ranciel Castillo Jorge, expresaron que los militares implicados en el caso cometieron un acto de corrupción institucional, el cual representa “una afrenta inaceptable al deber sagrado de resguardar la frontera y al compromiso patriótico que exige el uniforme militar”.