Redacción Delegalymas
Pena aflictiva de 20 años de prisión y el pago de dos millones de pesos de indemnización, le fue impuesta a Felipe Decena Araujo, de 65 años de edad, hallado culpable de matar a otro en medio de un altercado por invasión de terrenos, en el sector de Mendoza.
El Ministerio Público logró demostrar ante la jueza Ariela Cedano, del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, la culpabilidad del procesado, ob teniendo la sentencia condenatoria por el hecho ocurrido en el 2020 en el citado lugar.
Felipe Decena Araujo recibió la condena de reclusión mayor, por haberle provocado la muerte a Eustaquio Ogando, de 54 años de edad, y heridas a José David Madera Ogando, hermano del hoy occiso.
Detalla el expediente instrumentado por la fiscal investigadora, Lina Roa, que el suceso ocurrió aproximadamente a las 3:45 de la tarde del 12 de febrero de 2020, mientras la víctima Eustaquio Ogando se encontraba junto a José David Madera Ogando, David Junior Madera Torres, Yoleybi Faña de la Cruz (Miko), Jhon Ogando Reyes (Titi) y Valerio Marte Figueroa, en unos terrenos ubicados en la calle principal del sector de Mendoza.
Según relata, en ese momento se presentó al lugar el procesado, reclamando y alegando que esas tierras eran de su propiedad, procediendo a realizar varias llamadas a personas que posteriormente se presentaron al lugar, entre ellas, una no identificada, que portaba una pistola, con la cual realizó varios disparos.
Indica además la sentencia, que en medio de la disputa, el ya condenado le quitó el arma de fuego a la persona desconocida y con ella agredió a un hermano del hoy occiso, José David Madera Ogando.
Añade asimismo, que fue en esas circunstancias cuando el señor Eustaquio Ogando, al ver a su hermano golpeado, reaccionó en su defensa, por lo que el hoy condenado, le realizó un disparo que le produjo una herida de arma de fuego con entrada infra clavicular sin salida, que le produjo la muerte, de acuerdo al Informe emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Durante el juicio, el fiscal Ignacio Rojas, quien representó al Ministerio Público, demostró con suficientes elementos de prueba que el procesado cometió homicidio voluntario, tipificado y sancionado por los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que sancionan dicho ilícito, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.