Redacción Delegalymas
El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este y Norte, condenó a ocho años de prisión a Oneil Ramírez Guillen, encontrado culpable de clonar junto a otro, tarjetas de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS).
Por el hecho, ocurrido en el año 2023 en Santo Domingo Norte, Ramírez Guillen, deberá cumplir la condena en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, según decidieron las juezas Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada.
Mientras que el otro imputado de nombre José Daniel Mata, fue declarado en rebeldía judicial, debido a que no presentó a la audiencia, razón por la que los jueces emitieron una orden de captura y arresto en su contra.
Según detalla el expediente instrumentado por el fiscal investigador Nehemías Zalasar, ambos imputados formaban parte de una red de criminal organizada que se dedicaba a cometer ilícitos a través de medios tecnológicos, copiando informaciones de las bandas magnéticas de las tarjetas de los programas de ayuda social del Estado, mediante la Administradora De Subsidios Sociales (ADESS).
Revela además, que en fecha 23 de noviembre 2023, el hoy condenado fue apresado junto a José Daniel Mata, en flagrante delito, momentos en el que estos se desplazaban en un vehículo por la calle principal de Guanuma, del sector Villa Mella, en Santo Domingo Norte.
Indica igualmente el documento, que en el interior del vehículo los agentes hallaron en una mochila, un total de 1,285 tarjetas, 254 de las cuales eran expedidas por el gobierno para ayudas sociales, a través de ADESS, incluyendo 144 del bono navideño y 110 del programa Supérate, así como 1,043 tarjetas de blanco, un verifón y herramientas electrónicas utilizadas para la clonación de tarjetas.
El Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ignacio Rojas, demostró ante el tribunal durante el juicio, elementos de pruebas suficientes para la obtención de la condena. Demostró la violación de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores y la estafa, así como la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El tribunal impuso además al condenado el pago de una indemnización de un millón de pesos a favor de la ADESS, víctima en el proceso.