Redacción Delegalymas
El juez Rigoberto Sena de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para este domingo 28 de septiembre a las 9:00 de la mañana la audiencia de conocimiento de medida de coerción para los integrantes de la red de piratería digital, desmantelada con la operación denominada por el Ministerio Público como “Domo”.
La posposición se produjo este jueves a solicitud de las nuevas defensas que se sumaron al proceso. Al respecto, la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, detalló que el caso envuelve más de 20 millones de dólares, incluyendo transacciones en bitcoin, y que el órgano acusador solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso contra Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López, Víctor Luis Torres López, Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes.
La fiscal Ramos, acompaña del equipo de fiscales encabezado por los procuradores de cortes Jonathan Baró Gutiérrez y José Agustín de la Cruz Santiago, de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) y la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), destacó la magnitud del caso en la lucha que mantiene el Ministerio Público contra el lavado de activos y los delitos de alta tecnología.
Explicó asimismo, que la entrega voluntaria de Raúl Ernesto Guzmán Croes y Leony Esmeralda Croes respondió al llamado realizado por las autoridades el pasado viernes 19 de septiembre, dada la búsqueda activa que se realizaba.
Indicó que de acuerdo con las investigaciones, los imputados operaban servicios de distribución y streaming ilegales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.
Añadió de igual manera, que dichas acciones constituyen la violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio de compañías internacionales y del Estado dominicano.
La operación. Fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la participación de la UPI, la Pedatec, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), así como también con la colaboración del Dicat y el Deidet de la Policía Nacional, y el apoyo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.