Redacción Delegalymas
Antoliano Peralta Romero, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, hizo una aclaración oficial con relación a la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC/0767/24), en la que declara la nulidad de la Ley 1-24, que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Expresó el funcionario: “El Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en un error procedimental durante el trámite legislativo de la norma, sin cuestionar su contenido ni identificar violaciones a derechos fundamentales. Según el fallo, la Ley fue aprobada en ambas cámaras con las mayorías necesarias, pero sin cumplir con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento como ley orgánica”.
Indica Peralta Romero, que en lo relativo al vicio de procedimiento esgrimido en la sentencia, el Tribunal concluyó que el Congreso no convocó expresamente las sesiones como correspondía para tratar una ley orgánica, aunque esta obtuvo amplias mayorías: 125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado. “Este incumplimiento vicia la validez Constitución y los reglamentos legislativos”, aclara el jurista.
Explicó asimismo, que en cuanto a la naturaleza orgánica de la legislación, “la sentencia afirmó que la Ley número 1-24 está vinculada al ámbito de la seguridad y defensa nacional, lo que le confiere carácter orgánico, pero no regulaba directamente derechos fundamentales como alegaban algunos accionantes”.
Respecto a la observación formal no material, Peralta Romero planteó que “el Tribunal Constitucional subrayó que la nulidad responde exclusivamente a un aspecto formal, ya que no se respetaron las reglas de convocatoria para su tratamiento. Este fallo pone énfasis en la necesidad de seguir los procedimientos legislativos con rigor”.
Dijo que el Poder Ejecutivo expresa su respeto y acogida al criterio del Tribunal Constitucional, al tiempo que resaltó su compromiso con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas.
“Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar el cumplimiento del procedimiento legislativo en todos sus detalles, lo que fortalece nuestra institucionalidad. El gobierno está comprometido a seguir impulsando iniciativas que cumplan a cabalidad con el marco jurídico establecido”, expresó el consultor jurídico.
Expresó además, que aunque la sentencia no señala explícitamente las irregularidades mencionadas, estas pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional.
Recordó que el Poder Legislativo analiza una propuesta de reforma de la Ley número 1-24, fruto del consenso entre el gobierno y diversos actores de la sociedad civil.