Redacción Delegalmas
Luego de que el Ministerio Público probara que Emmanuel Rivera Ledesma, señalado por el órgano acusador como el cabecilla de una red de ilícitos inmobiliarios que estafó a decenas de personas con proyectos de viviendas, realizaba acciones desde la prisión preventiva, con el propósito de obstruir la investigación, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió mantenerle la privación de libertad.
Al acoger las diligencias del Ministerio Público, el tribunal entendió que la defensa de Rivera Ledesma no añadió ningún presupuesto nuevo que hiciera modificar la medida de coerción existente en su contra.
Durante la audiencia de revisión obligatoria de la medida, el Ministerio Público, representado por las fiscales Magalys Sánchez y Yuderky Utate tras hacer constar ante el tribunal las pretensiones del acusado, valoraron decisión de la jueza Keyla Pérez, de mantener la prisión preventiva.
El caso. El 3 de enero de 2024 el Ministerio Público desmanteló la red de ilícitos inmobiliarios, luego de recibir querellas de cientos personas estafadas, a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos residenciales, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
Durante el operativo en que fue desmantelada la red, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron veinticinco (25) allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Según la investigación, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, S.R.L., CRD Equipos Pesados, S.R.L., el Grupo Wimar, S.R.L. y Auto Xperts AFM S.R.L., a través de las cuales crearon un esquema fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas.
Se ocuparon evidencias que demuestran que el acusado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. También se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
Establece la investigación, que Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las ya presentadas. Intentó también, que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones, con la finalidad de obstruir el proceso, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir las evidencias y constituirse en una amenaza para las personas estafadas.