El indulto que concedió en diciembre pasado el entonces presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (2019-2022) a militares y policías condenados por la masacre carcelaria ocurrida en Carandiru, fue suspendida por la presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Rosa Weber.
La decisión del tribunal de alzada, que responde a una petición de la Fiscalía General de la República de Brasil, consideró que el indulto dictado por Bolsonaro el pasado 23 de diciembre, en vísperas de dejar el poder, “atenta contra la dignidad humana y los principios del derecho internacional público». Estimó Weber, que dicha medida de gracia “puede configurar una violación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de los Estados Americanos)” para “investigar, procesar y castigar” de manera “seria” y “eficaz» a los responsables de la masacre.
Explica que el indulto de Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, beneficiaba a los 69 agentes que siguen vivos de los 74 que fueron condenados por los 111 homicidios de presidiarios cometidos en la cárcel de Carandiru, en Sao Paulo, el 2 de octubre de 1992.
Precisa la presidenta del Supremo, que los agentes fueron condenados en 2013 y 2014, pero nunca han pisado la cárcel, debido a maniobras de sus abogados para dilatar los juicios de apelación en instancias superiores, en un caso que consideró se ha convertido en un símbolo de la impunidad en Brasil. Indica que matanza de Carandiru se inició por un motín en el pabellón nueve de este presidio, el mayor de Brasil en la época, el cual albergaba a cerca de 8.000 internos hacinados y en condiciones insalubres.
Afirmó que la Policía reprimió el motín con una violencia extrema, disparando a los reclusos cuando muchos de ellos estaban encerrados en sus respectivas celdas, sin posibilidad de defenderse o huir.
Agregó Rosa Weber, que según los análisis forenses presentados durante el juicio, los 111 muertos recibieron en total 515 balazos, entre ellos 126 en la cabeza, elemento que para los grupos de derechos humanos constituye una prueba de que fueron ejecutados “sumariamente”. Posteriormente, a los hechos bárbaros, la cárcel fue cerrada y se inició su demolición en el 2002, creándose en el lugar un parque.
Fuente: EFE