Redacción Delegalymas
La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, que conforman los abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer y José Martínez Hoepelman, sostuvo este miércoles durante un encuentro con líderes de opinión del país, que ha logrado desmontar parte de los “absurdos contenidos” en el expediente de medida de coerción a su defendido.
Los juristas hicieron la valoración en una conferencia denominada “Restricción de Derechos a través de la Justicia”, en la que argumentaron que Jean Alain Rodríguez, “siendo inocente, se le ha tratado como el más vil de los criminales”, en etapa apenas de inicio de una investigación, imponiéndole medidas de coerción máximas por alegadas imputaciones de carácter administrativo o civiles y no penales, utilizando el “populismo penal como arma de guerra”.
Afirman que existe un deseo expreso de destruir el legado más significativo en materia penitenciaria realizado en el país por el ex procurador, “con apenas 42 años de edad, Rodríguez decide intervenir el deficitario sistema penitenciario nacional, para pagar una deuda social que arrastrábamos durante más de siete décadas, construyendo y reformando 14 recintos de los 41 centros carcelarios existentes, que estaban en condiciones deprimidas. En un período de dos años, creó 12 mil plazas para internos, duplicando virtualmente la capacidad carcelaria para terminar con el hacinamiento”, explicaron.
Indicaron asimismo, que el proceso relativo al Plan de Humanización fue diáfano y transparente, para lo cual se realizaron los debidos procedimientos de acuerdo a lo establecido por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (Ley 340-06), bajo una licitación pública a nivel nacional, donde fueron seleccionadas cinco (5) empresas constructoras que cumplían con los requerimientos establecidos para el proceso, todas de alto nivel.
“Las empresas elegidas constan de alto reconocimiento, confiabilidad, vasta experiencia y aval de cumplimiento en el ramo de la industria de la construcción. No son empresas que surgieron al vapor para estos fines, ni las componen ingenieros o familiares relacionados. Son seis contratistas aprobados bajo el marco de unas licitaciones que fueron aprobadas como regulares. Construcciones que cuentan con los debidos estudios de suelo, contemplando el desarrollo pluvial, estancamiento de agua y demás requisitos para este tipo de estructuras”, añadieron los juristas.
Agregaron, que “la veracidad de esta afirmación queda demostrada porque la actual Procuraduría ratificó expresamente, mediante adendas, los contratos de las empresas constructoras y les aumento el precio respectivo, por ajuste por devaluación de la moneda. Estas adenda fueron suscritas por la procuradora Miriam Germán Brito, y fueron depositados por la misma PEPCA, que nunca hace alusión a ellos”
“El pasado 2 de diciembre del 2020, la procuradora general ratifica y refrenda estos contratos, puntualizando que los mismos fueron otorgados bajo condiciones regulares, en procesos de licitación llevados a cabo exitosamente, y a su vez, aumenta, por ajuste de “equilibrio económico” todos y cada uno de los contratos, lo que contradice la acusación de un posible desfalco en la construcción de La Nueva Victoria”, reafirmaron.
Los juristas se refirieron a estos y otros temas que en los que se involucra al exprocurador Jean Alaín Rodríguez.
Al concluir, reiteraron que “el Ministerio Público se hace valer de una guerra mediática que sustituye la vía judicial, para garantizar la aprobación popular y mostrar la supuesta ‘Justicia Independiente’”.
Aseguraron que que en el caso de su cliente, “se ha utilizado la ley como arma para infundir miedo. Así, en una supuesta cruzada para salvar a la democracia y al Estado Social, Democrático y de Derecho que establece la Constitución Dominicana”.