Redacción Delegalymas
El equipo de defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, acusa a la Procuraduría General de desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el uso de la denominación “Operación Medusa”, o “Caso Medusa”, tanto en los tribunales como en los medios oficiales y públicos, así como la consecuente no corrección de la acusación, la que afirma ha generado que distintas defensas técnicas solicitaran la nulidad de la misma ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual está apoderado para conocer el juicio de fondo del caso.
Indican los juristas, que la solicitud de nulidad tiene como fundamento que la Procuraduría “desacató y desobedeció la sentencia del Tribunal Constitucional TC-05-2022-0174, de fecha 30 de abril de 2025, en la que se le ordena y obliga a retirar y corregir la acusación depositada conforme la normativa procesal penal y la orden constitucional”.
Añade en ese sentido, que el órgano en lugar de acatar lo que ordena la sentencia se “ha colocado por encima de la ley y los tribunales, manteniendo por casi 10 meses intacta una acusación que contiene el término prohibido 12,745 veces, repitiéndolo en cada una de sus páginas, pese a tratarse de una sentencia firme y de obligatorio cumplimiento”.
Declararon asimismo los abogados de Jean Alain, que la solicitud presentada no busca dilatar el juicio, sino todo lo contrario, ya que esta constituye parte de las más de 25 “violaciones al debido proceso que han estado tratando de presentar la Procuraduría durante más de 5 años que tiene el proceso, contabilizados desde el impedimento de salida ilegal perpetrado el 25 de noviembre del 2020”.
“Es oportuno recordar que durante este tiempo todos los tribunales han destacado que el ciudadano Jean Alain Rodríguez y las demás partes, no han dilatado el proceso en su contra, lo que refuerza la necesidad de que cualquier desenlace de este caso se produzca con estricto apego a la Constitución y no bajo lógicas de exposición mediática”, señalan.
Explicaron que “el acostumbrado desacato de la Procuraduría constituye un asunto ya debatido y decidido en sede constitucional, donde se reconoció de manera definitiva que dicha violación afecta directamente la imparcialidad de los jueces llamados a conocer el juicio de fondo, así como la dignidad humana y la presunción de inocencia de las personas imputadas, razón por la cual se les ordenó el cese inmediato del uso del mote”.
Recordaron, ante la persistencia del desacato, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Estévez Lavandier, durante su discurso de rendición de cuentas del pasado 23 de enero, reiteró públicamente y en presencia de los representantes de la Procuraduría General de la República, la obligación de acatar dicha sentencia. Indican, sin embargo, que “pese al llamado institucional, el desacato continúa. Este incumplimiento reiterado no solo representa un irrespeto institucional al máximo órgano de la jurisdicción constitucional, sino que compromete gravemente el debido proceso, la independencia judicial y la confianza ciudadana en la administración de justicia”, concluyen en un comunicado.
Durante la audiencia de este miércoles, la cual fue aplazada por el tribunal para el próximo lunes 16, el exprocurador y el tirular de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho se acusaron uno al otro sobre la ralentización del proceso.