Redacción Delegalymas
La medida de coerción impuesta la madrugada de este jueves por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, a los hermanos Antonio y Maribel Epaillat, propietarios de la colapsada discoteca Jet Set, consistente en una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, fue calificada por el procurador adjunto Wilson Camacho como “una burla” a las 235 personas muertas y más 180 heridas, y afirmó que la misma será apelada por el Ministerio Público.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público dijo: “Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, agregó.
Al responder a periodistas que cubrían la audiencia de conocimiento de la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de concluida la misma, el procurador adjunto ponderó que “todo el mundo en el salón de audiencia reconoció la calidad de la investigación del Ministerio Público, eso lo hicieron todos los querellantes y lo hizo también el tribunal en su fallo”.
“El tribunal reconoció también la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al caso, al tratar los hechos con un código penal del siglo XIX que no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimiento, que, realmente, encaja en lo que se conoce como culpa consciente”.
Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente 14 horas, el procurador adjunto Wilson Camacho encabezó el equipo litigante junto a la los fiscales Rosalba Ramos (titular del Distrito Nacional), Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
El equipo del Ministerio Público presentó más de 130 elementos de prueba con las que sustentaron la solicitud de prisión preventiva contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra su hermana Maribel Espaillat.
En tanto, la jueza Veloz ratificó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que les atribuye a los imputados la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan el homicidio involuntario y las lesiones causadas por imprudencia o negligencia.