Redacción Delegalymas
Tras una investigación encabezada por el Ministerio Público en colaboración con técnicos de la Junta Central Electoral, la Fiscalía de Santiago depositó ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción la instancia acusatoria contra 13 implicados en la Operación Colibrí, los cuales supuestamente son parte de una red delictiva que operaba en el entorno de la Junta Municipal de Santiago, tramitando miles de documentos falsos públicos y privados.
La acusación, contenida en más de 600 páginas, detalla las acciones cometidas por los señalados, las cuales son consideradas como altamente peligrosas. Describe el modo en que la estructura se conformó, aliando a sus filas a personas que jugaban diversos roles, para falsificar documentos como cédulas de identidad, licencias de conducir, carnet de distintos tipos, licencias para el porte de armas de fuego, títulos de propiedad, entre otros.
Los señalados como miembros de la red de criminalidad organizada son: Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavarez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital), José Rosario Marte (Cheo).
También, Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso.
La Fiscalía de Santiago junto al equipo de expertos y oficiales encubiertos de la JCE, aportó más de 800 elementos de pruebas, incluyendo los plásticos que incautó mediante allanamientos judicial avalados, que eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.
Arrojó además la investigación, que los trabajos captados por los denominados “buscones” o tributarios, eran tramitados a quienes los ejecutaban, dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.
Señala igualmente el escrito, que los acusados se encargaban de borrar el contenido de las actas originales preservando el papel de seguridad en que las mismas eran impresas, para luego imprimir la información falsa, generando un documento con todas las características de seguridad del original.
El Ministerio Público le ha dado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 147, 150, del Código Penal Dominicano y artículo 13, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral, que tipifican la asociación de malhechores, falsificación de escritura auténtica o pública y falsedad en escritura privada.
En cuanto al acusado Montero Troncoso, exempleado de la Junta Central Electoral, el órgano acusador le imputa la violación a los artículos 265, 266, 145, así como el artículo 86 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales, y el artículo 6 párrafos I, 7, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la asociación de malhechores, falsedad y alteración de la naturaleza de los actos y accesos fraudulentos a una base de datos.