Redacción Delegalymas
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictaron a unanimidad sentencias condenatorias de hasta 10 años de prisión a los integrantes de una red criminal que se dedicaba a cambio de sobornos, a borrar y alterar los registros de antecedentes penales de cientos de personas de la base de datos del Ministerio Público.
El tribunal, al admitir la acusación de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, impuso las sentencias de prisión y pagos de multas a 13 de los imputados. Condenó a 10 años de prisión y multas de 100 salarios mínimos del sector público a Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona, Víctor Giberto Mercedes Gómez, así como a Luis Peña Cedeño, este último además fue inhabilitado para ocupar cargos de funciones públicas por un período de cinco años.
Se homologaron también acuerdos con algunos imputados, como el caso de Mártires Rosario Reyes, quien fue condenado a 7 años de prisión, en la modalidad 3 años y 6 meses en prisión domiciliaria y 3 años y 6 meses suspendida, conforme a las reglas establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP), así como al pago de una multa de 5 salarios mínimos del sector público.
Igualmente Alfredo Mirambeaux, condenado a 8 años de prisión, en la modalidad de 6 años en prisión domiciliaria y 2 años suspendidos y al pago de una multa de 5 salarios mínimos del sector público.
También, Rubén Darío Morban y Luis Alfredo Astacio Polanco fueron condenados a 6 años en la modalidad de 3 años en prisión domiciliaria y 3 años suspendidos, así como multas de 5 salarios mínimos del sector público.
Fue sentenciado además, Domingo Julio Santana, a una pena de 5 años de prisión, en la modalidad de 2.6 meses en prisión domiciliaria y 2.6 meses suspendidos. Y, respecto a la firma Nexcon Tecnology, fue acogida la disolución definitiva, en virtud de las disposiciones legales de la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, se acogió el criterio de oportunidad respecto a los procesados Jancely Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva.
Las condenas de privación de libertad deberán ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, según la disposición del tribunal.
No obstante, a los procesados Dilcia Argentina Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel Medina y Yokaira Quezada Carmona les fue dictada sentencia absolutoria y las costas declaradas de oficio.
Ante el tribunal, integrado por los jueces Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Andrés Mena, Eduardo Velázquez y Miguel Crucey. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 4 noviembre de 2025.
La sentencia. El Ministerio Público valoró la sentencia condenatoria, afirmando: “En el día de hoy el Ministerio Público ha obtenido una sentencia favorable, en la que los jueces han acogido a unanimidad la petición del Ministerio Público”, destacó el fiscal Mena luego del fallo.
“Es una condena ejemplar que manda un mensaje claro contra los hechos de corrupción”, dijo al tiempo que resaltó además, que los delitos se cometieron en una institución que tiene la misión de velar por la aplicación de la ley. Resaltó que los jueces homologaron los acuerdos y que inhabilitó al fiscalizador Luis Peña. “En total nueve condenados. Una condena a grosso modo favorable”, destacó Mena.