El nuevo plan de regularización del Gobierno de Joe Biden, con el cual se prevé beneficiar a cerca de medio millón de indocumentados, entre estos cónyuges o hijastros de ciudadanos estadounidenses, un grupo de 16 estados liderados por republicanos pidió este viernes que sea detenido.
El fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, dijo en un comunicado que han solicitado a una corte federal que detenga la implementación de la norma que argumenta viola la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo y las leyes de inmigración.
El programa Keeping Families Together que en español significa (Mantener unidas a las familias) cuyas inscripciones fueron abiertas el pasado lunes, se apoya en el llamado ‘Parole in place’, que otorga un permiso temporal para permanecer en EE.UU., con protección frente a la deportación.
El plan de regularización también otorga a los indocumentados la posibilidad de obtener un permiso de trabajo y, lo más importante, es que permite a los beneficiados realizar el proceso para obtener una residencia permanente en EE.UU. por estar casado o ser hijastro de un ciudadano estadounidense sin tener que salir del país.
Como requisito del programa, sólo se exige que el solicitante debe haber vivido en el país un mínimo de 10 años y estar casado antes del 17 de junio 2024. La Administración Biden estimó que aproximadamente 500.000 cónyuges de ciudadanos estadounidenses y unos 50.000 hijastros serán elegibles para el programa.
Desde que el plan fue anunciado en junio de este año, los sectores ultraconservadores han amenazado con retarlo en las cortes y han acusado a la Administración demócrata de utilizarlo como parte de la campaña para retener la Presidencia.
En ese sentido, la organización America First Legal, dirigida por Stephen Miller, ideólogo de la política migratoria durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), se unió a los conservadores en la demanda, la cual nombra específicamente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés), su secretario, Alejandro Mayorkas, y a otros funcionarios de la Casa Blanca.
El presidente de America First Legal, dijo que utilizará “todas las herramientas legales para detener” la implementación de la norma. Los estados de Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Iowa, Kansas, Luisiana, Misuri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming hacen parte de los demandantes.
A través de un comunicado de prensa, Paxton asegura que la nueva norma permitiría amparar a 1,3 millones indocumentados, 200.000 que vivirían en Texas, cifras que han sido rebatidas por las organizaciones comunitarias.
La Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA), que agrupa a más de 75 organizaciones de derechos de inmigrantes en 42 estados, estima que el plan beneficiaría a unas 450.000 personas, 100.000 menos de las que proyecta el Gobierno.
“La nueva solución de Biden otorga unilateralmente la oportunidad de obtener la ciudadanía a extranjeros no investigados cuyo primer acto en suelo estadounidense fue violar nuestras leyes”, dijo Paxton, no reconociendo que la norma excluye a los indocumentados que fueron deportados con anterioridad o tienen récord criminal.
Se recuerda que el estado de Texas ha venido liderando varias batallas legales contra el Gobierno Biden por temas de inmigración; una de ellas es la que solicita poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), con la que se favorece a miles de jóvenes “soñadores” que llegaron a suelo norteamericano desde 2012.
Fuente: EFE