Redacción Delegalymas
Diez de los 20 imputados en la Operación Calamar admitieron este viernes ante el tribunal, su responsabilidad en los hechos que se les acusa, dijo el procurador adjunto Wilson Camacho, al ser cuestionado por periodistas al salir de la audiencia de conocimiento de medida de coerción, la cual fue aplazada para el próximo domingo a las 9:00 de la mañana.
La jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, recesó para las 9:00 de la mañana la continuación de la audiencia de conocimiento de medida cautelar para los acusados.
“Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso, y lo es, por tres razones, en primer lugar 10 de los 20 imputados han admitido los hechos ante el tribunal, lo que constituye el 50% de los imputados, además, constituyen el 100% de los imputados que hablaron hoy, los cuales admitieron sus hechos y estas admisiones son la consecuencia directa de la contundencia de la investigación y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del Ministerio Público son irrefutables, por estas razones llegaron a acuerdos con el Ministerio Público”, explicó Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló como segundo punto, que las admisiones de los imputados corroboran todas las líneas de investigación que ha presentado el Ministerio Público en este proceso.
“En tercer lugar, debemos confesar que la forma en la que estos imputados han narrado ante el tribunal cómo operaba este entramado de corrupción, que incluso, ellos les informaban al tribunal que se comportaban como una mafia y que debemos además confesar que dijeron más de lo que esperábamos nosotros y fueron más lejos, incluso, en varios puntos en los que había llegado el Ministerio Público”.
Indicó Camacho, que ante estas confesiones y las pruebas presentadas, el tribunal deberá acoger la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
“Las conclusiones que hemos presentado al tribunal deben ser acogidas y deben imponerse las medidas de coerción que hemos solicitado”, afirmó.
Sostuvo que las medidas a partir de estas declaraciones son, arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica en los casos de los 10 imputados que han admitido los hechos en el tribunal.
Señaló asimismo, que la contribución de los imputados no solo se sustentará en sus admisiones ante el tribunal, sino en su compromiso de continuar contribuyendo en la investigación que aún desarrolla el Ministerio Público.
El titular de la Pepca especificó que “estas personas tendrán que devolver el dinero que hayan recibido ilícitamente, que siempre ha sido un fin del Ministerio Público”.
“Nosotros vamos a investigar y llevaremos ante los tribunales a todas las personas que tengamos evidencia que hayan cometido ilícitos, ese ha sido nuestro accionar en todos los casos y en este, no hay ninguna razón para que sea la excepción”, puntualizó.
Imputados que admitieron sus hechos en la Operación Calamar. Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.
El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
Junto a los imputados antes mencionados, en el expediente también figuran el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Así como también Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.