Redacción Delegalymas
Un proyecto de reforma a la Ley 248-12 sobre Protección y Tenencia Responsable de Animales que penalizaría con hasta tres años de prisión y hasta cincuenta salarios mínimos la crueldad con los animales, fue su sometido por el diputado por el Distrito Nacional, Omar Fernández.
La iniciativa legal introducida por el representante en la Cámara Baja de la organización la Fuerza del Pueblo, ordena la creación de procuraduría especializada de protección animal y departamento policial para esos casos.
“No es posible que una sociedad que se regenere y hable de nueva política, maltrate animales por deporte”, estableció el legislador Fernández al introducir la modificación a la ley 248-12.
La propuesta establece además,la penalidad de hasta 15 salarios mínimos y prisión entre 6 y 12 meses para los dueños de mascotas que no cumplan con los deberes establecidos en la propia ley respecto a la tenencia responsable de los mismos.
“Estamos proponiendo la creación de un departamento dentro de la Policía para una acción más rápida y efectiva para quienes ataquen los animales” expresó el congresista de la Fuerza del Pueblo.
El incumplimiento de la norma estará a cargo de una procuraduría especializada de protección animal, creada a más tardar a los seis meses a partir de la promulgación de esta ley por la Procuraduría General de la República (PGR).
Mientras que el departamento en la Policía Nacional para la protección animal podrá proceder a someter a la acción de la justicia, sin necesidad de que intervenga denuncia o querella por parte de terceros.
Para aplicar estas reformas, el proyecto establece la necesidad de la creación de un Departamento de Protección Animal, a cargo del viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública (MISPAS), en un plazo no mayor a los seis meses de promulgada la ley.
Entre sus atribuciones, este Departamento estará la vacunación y esterilización de animales domésticos y callejeros, estableciendo al menos un punto de servicios en cada provincia del país, mientras que las alcaldías y juntas de distritos municipales asumirán lo propio en los municipios en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
Establece además la normativa, un 2% del presupuesto anual de los gobiernos municipales destinado a la creación, atención y sustento adecuado de los albergues indicados anteriormente.
Los dineros recaudado por las multas será dividido en cinco partes iguales (20%) entre el Departamento de Protección Animal del MISPAS, la alcaldía o junta de distrito municipal de la demarcación donde se produzca el hecho multado, el Departamento de Protección Animal de la Policía Nacional, las organizaciones de protección animal y la Procuraduría Especializada de Protección Animal de la PGR.