Washington. EFE-. Estados Unidos inició el pasado jueves una fase importante para el proceso de sometimiento a un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, con la decisión de hacer públicas las sesiones de una investigación que promete disparar cada vez más las tensiones partidistas en vísperas de un año electoral.
La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una resolución que supone un espaldarazo a la investigación iniciada en septiembre por la mayoría demócrata en el hemiciclo para determinar si Trump abusó de su poder con propósitos electorales en sus contactos con Ucrania.
«Lo que está en juego en todo esto no es nada menos que nuestra democracia», dijo la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, antes de la votación en el pleno.
La medida, aprobada por 232 votos a favor y 196 en contra, permitirá que se televisen en directo los interrogatorios a testigos que hasta ahora se han desarrollado a puerta cerrada, un paso con el que los demócratas buscan mover la opinión pública a favor de un proceso de destitución del presidente.
«El pueblo estadounidense debe ver todas las pruebas por sí mismo», afirmó tras el voto el congresista demócrata Jerry Nadler, que preside el Comité Judicial de la Cámara Baja.
Solo el 48 % de los estadounidenses apoya por ahora la apertura de un juicio político a Trump, según un promedio de encuestas elaborado por la web FiveThirtyEight, y la opinión de los ciudadanos depende notablemente de su partido: el 84 % de los demócratas y el 11 % de los republicanos lo respaldan.
Otro objetivo de la resolución era dar legitimidad a una investigación que la Casa Blanca ha tachado de «inconstitucional», con un voto en la Cámara Baja que los demócratas no habían querido programar hasta ahora y que demostró la profunda división en el pleno sobre el proceso contra Trump.
Ningún republicano apoyó la medida, que suscitó una reacción instantánea de Trump, que había seguido en directo la votación desde su residencia y tuiteó: «La mayor caza de brujas en la historia estadounidense».
El texto marca una hoja de ruta, aunque no un calendario, para continuar con una investigación que hasta ahora se ha desarrollado bajo reglas marcadas por la mayoría demócrata.
A partir de ahora, los interrogatorios a testigos podrán ser abiertos y el Comité de Inteligencia deberá elaborar un informe con el objetivo de que el Judicial decida si redacta artículos para un juicio político contra Trump, que se desarrollaría en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría.
Además, la medida permite que los abogados de Trump participen en las audiencias y que los republicanos convoquen testigos y soliciten documentos, aunque para ello necesitarían el consentimiento de una mayoría de los legisladores, lo que puede suponer más trabas.
«Esto es una farsa, es un proceso contaminado» y «de estilo soviético», denunció el congresista republicano Steve Scalise tras la votación.
De su lado, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, se quejó de que la investigación no da «ninguna garantía, debido al proceso a la Administración».
Mientras, la indagación continuó con la comparecencia del todavía encargado de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC, en inglés), Tim Morrison, quien solo unas horas antes había anunciado que planea abandonar el cargo de forma inminente.
Morrison es una figura clave en las pesquisas sobre si Trump abusó de su poder cuando presionó en julio al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara al ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, aspirante presidencial demócrata en 2020.
El funcionario escuchó la llamada telefónica entre Trump y Zelenski y hoy confirmó a los investigadores que el mandatario condicionó dos cosas -la entrega de 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania y la programación de una reunión entre los dos presidentes- a la apertura de una indagación sobre Biden.
Sin embargo, Morrison evitó criticar directamente las acciones de Trump en su testimonio a puerta cerrada, según informó The Washington Post.
La semana pasada, el embajador interino de EE.UU. en Ucrania, Bill Taylor, ya dijo a los legisladores que Morrison había alertado a los abogados del NSC sobre las presiones al Gobierno de Zelenski porque le preocupaba el tema.