Redacción Delegalymas
Dos iniciativas legislativas que tienen como objetivo combatir el crimen organizado y la protección a víctimas y testigos, fue introducida la tarde de este martes al Congreso Nacional, vía el Senado por el presidente Luis Abinader.
Según argumento del mandatario sobre las propuestas de ley, las mismas buscan colocar a la República Dominicana entre los países avanzados que tienen leyes para proteger a las víctimas y testigos y una legislación especial en contra del crimen organizado.
Los proyectos de ley introducidos al Congreso son sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales y sobre la atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.
Afirma además el mandatario en el mensaje de remisión, que la primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y del país, como lo es el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones, y que tiene el propósito de garantizar la integridad del Estado Social y Democrático de Derecho.
“En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, de conformidad con los estándares internacionales”, refiere la pieza.
El proyecto de ley tipifica como organización criminal dos o más personas que integran, constituyen o promueven una estructura con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; terrorismo; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; tráfico de drogas y sustancias controladas; tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados; comercio ilícito y contrabando; secuestro; tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos financieros; delitos medioambientales; sicariato, y delitos de alta tecnología.
Tipifica también, delitos relativos a grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de justicia.
Mientras, la segunda iniciativa responde a la realidad social de exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de estas personas.
“En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estos”, señala.
De aprobarse dichas iniciativas del Poder Ejecutivo, se estaría cumpliendo con una deuda histórica en favor de la equidad de garantías que debe primar entre el imputado y la víctima en un proceso judicial, al satisfacerse el mandato constitucional de asistencia legal gratuita a personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima.