Redacción Delegalymas
En su discurso de rendición de cuentas este lunes, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, consideró necesario que República Dominicana se aboque a la creación de un Ministerio de Justicia que asuma tareas que trasciendan al rol del Ministerio Público.
Dijo que: “Los esfuerzos institucionales que se requieren para controlar jerárquicamente la gestión del sistema penitenciario y fiscalizar la provisión de los servicios forenses, ameritan el establecimiento de un órgano distinto de la Procuraduría General de la República”.
“La creación de este Ministerio no amerita una reforma constitucional, ya que los asuntos que proponemos traspasarle son de libre configuración legislativa, es decir, no han sido retenidos en la Constitución como competencias propias del Ministerio Público”, dijo.
La magistrada Germán reconoció igualmente la situación de sobrepoblación penitenciaria, y además los conflictos ocurridos en algunas cárceles del país, los que consideró ponen en evidencia que “tenemos mucho camino por recorrer para dignificar el sistema penitenciario.
“Es imprescindible que las instituciones del sistema penal aunemos esfuerzos para abordar de forma urgente y prioritaria la sobrepoblación penitenciaria. Necesitamos conocer la situación particular de cada interno para evaluar las alternativas posibles, actuando responsablemente en el marco de nuestras respectivas competencias”, dijo.
Asimismo, Germán Brito afirmó en su discurso, que su gestión impulsa las acciones correspondientes para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) pueda cumplir con la normativa legal vigente y se convierta en un órgano técnico independiente del Ministerio Público y el servicio general del Sistema de Justicia.
“Se trata de un reto que tiene más de una década de retraso, pero que aspiramos cumplir durante el ejercicio de nuestro mandato al frente de la institución”, afirmó.
Destacó que el año pasado, por primera vez en seis años, se reunió el Consejo Directivo del Inacif.
La procuradora general resaltó igualmente, que su gestión mejoró y aumentó las raciones alimenticias a los privados de libertad, ya que solo en La Victoria, se aumentaron de dos a ocho mil las raciones y se elevó la calidad de la comida.
Ministerio Público. Germán Brito dijo que el Ministerio Público atraviesa por cambios sustanciales que alcanzan desde una autonomía reforzada hasta una persecución penal más estratégica e inteligente en lo que respecta a los grandes crímenes y delitos.
Resaltó que la institución que encabeza, hoy se muestra comprometida con avances institucionales que evidencian una nueva manera de hacer las cosas.
“Uno de los objetivos más importantes de mi mandato ha sido impulsar una
gestión operativa que fortalezca la investigación y la persecución y, al mismo
tiempo, el acceso a la justicia, la atención a víctimas y el ofrecimiento de los
diferentes servicios generales”, expuso.
Germán Brito recordó que dentro de las principales exigencias de la sociedad
dominicana está el que se persiga con mayor énfasis la corrupción administrativa, y consideró en ese sentido, que “nunca antes se había evidenciado una mayor determinación en garantizar que los bienes públicos no sean sustraídos del Estado y en que de ser así, los autores sean traducidos a la acción de la justicia sin privilegios y, al mismo tiempo, sin arbitrariedades o atropellos”.
Destacó, que en este contexto histórico, la independencia funcional y el principio de objetividad del Ministerio Público cobran especial significación para contener cualquier influencia espuria a la hora de someter los casos.
Recordó que el Ministerio Público responde a un estatus de órgano constitucional autónomo o extrapoder, “pues cuenta con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, un sistema de carrera paralelo al de la judicatura y garantías institucionales que permiten el autogobierno”.
Lamentó sin embargo, el hecho de que “el procurador general carezca de protección institucional para la permanencia en el cargo, dependiendo de la buena voluntad de quien le nombra”, lo que calificó como una debilidad institucional de República Dominicana.
Gestión administrativa. En ese sentido, resaltó el mejoramiento en la calidad del gasto, en los procesos de compras y contrataciones, así como en los controles presupuestarios.
Dijo que el Consejo Superior del Ministerio Público institucionalizó el pago a todos los servidores de los bonos anual y vacacional, además de disponer de un reajuste salarial y la primera parte de una nueva política de compensación para los fiscales.
Añadió además, que solo en 2021 los fiscales recibieron 102 formaciones correspondientes a programas especializados y continuos, siendo uno de los retos pendientes avanzar en capacitación vinculada al fortalecimiento de las destrezas operativas de los fiscales de cara al escalafón de carrera.
La procuradora general dijo estar consciente de las limitaciones económicas por las que atraviesa el país, pero confía en que la institución continuará recibiendo el apoyo necesario para impulsar la transformación que requiere la procuración de justicia conforme a las exigencias de la sociedad.
Germán Brito resaltó que en la actualidad el Ministerio Público se encuentra al día en la presentación de los dictámenes ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal Constitucional, “posibilitando la reducción de la mora judicial y permitiendo cumplir con el debido proceso y el plazo razonable”.
En el ámbito de la lucha contra la violencia en perjuicio de las mujeres, resaltó que su gestión apunta a establecer políticas uniformes y efectivas de atención y persecución, procurando no revictimizar.
“Como parte de la política criminal que persigue unificar criterios, fueron dictadas varias instrucciones generales, dentro de las que se encuentra la tipificación como acto de tortura y barbarie de las agresiones que involucran el uso de sustancias corrosivas (ácido del diablo)”.
La procuradora general presentó un resumen ejecutivo de las memorias que rinden los diversos órganos del Ministerio Público, en atención al artículo 3, de la Ley Orgánica que rige la institución (133-11).