Nelly Ramírez
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Es mucho lo que se habla de la justicia dominicana, que si es o no creíble, que la población no tiene confianza en ella, que si es sólo para los que no tienen recursos, que no es un poder independiente del Poder Ejecutivo, sino que este último es quien decide qué se hace o no en determinados procesos…
Ante todas estas calificaciones y críticas al sistema, el recién electo presidente por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Rodolfo Abinader Corona, durante la campaña electoral en sus aspiraciones como candidato a la Presidencia, tuvo como una de sus principales propuestas la independencia del Poder Judicial del Poder Ejecutivo.
Debido a esas promesas del candidato, ahora presidente electo, hay muchas expectativas respecto a la designación de las nuevas autoridades de justicia, básicamente del nuevo procurador general de la República.
En vista de las evidentes expectativas respecto al futuro de la Justicia, en todos los sectores de la sociedad, Delegalymas quiso conocer la opinión de un actor y docente del sistema, el abogado y catedrático de la carrera de derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Rafael Antonio Román Rodríguez.
Según explica el profesor Román Rodríguez, no solo los profesionales del derecho tienen y se han creado grandes expectativas con el nuevo presidente electo sobre la adecuada elección de las autoridades para el sistema de justicia dominicano, sino que es una esperanza de toda la población.
“Los profesionales del derecho como actores del sistema, anhelamos poder ejercer nuestra profesión en un ambiente de seguridad jurídica y de garantías, sin que prime la sorpresa de que una decisión que esperas apegada a las leyes y reglamentos establecidos, podrá ser vulnerada para favorecer y complacer a intereses de diversas índoles, pero sobretodo políticos”, expresa.
Dijo estar esperanzado en la transformación y transparencia de la justicia. “De nuestra justicia dominicana espero mayor transparencia, real independencia del poder judicial y entre los demás poderes del estado. Que los jueces y fiscales apliquen justicia sin diferencias y sin influencias políticas, que la justicia sea aplicada en igualdad para todos”.
“Que los verdaderos culpables paguen por sus delitos y que no haya impunidad en los actos de corrupción pública y privada, señal ineludible de que a partir de ese momento podremos confiar en la justicia dominicana”.
Considera que debe haber un cambio en la justicia dominicana y que para ello lo primero es lograr que se respete la carrera judicial, para lo que se hace necesario que se modifique el sistema de escogencia de los principales jueces del sistema, específicamente del Consejo de la Magistratura.
“Debe eliminarse la dependencia que crea el hecho de que los jueces de la Suprema sean escogidos por ese consejo, cuya conformación resulta desigual en cuanto a la mayoría representada en el mismo”, considera el profesor Román Rodríguez.
“En el actual sistema el procurador general de la República y como se observa, los principales jueces del sistema, los de la Suprema Corte de Justicia y los de las Altas Cortes, son elegidos con la influencia del Poder Ejecutivo, y el actual Consejo de la Magistratura tiene mayoría en el poder legislativo. Mientras esté concentrado de alguna manera todo el control de los miembros del Consejo de la Magistratura en uno de los poderes y partido de Gobierno, nunca podremos contar con un sistema de justicia idóneo y creíble”, afirma.
Reitera Román Rodríguez, que se hace necesario modificar la escogencia e integración del Consejo de la Magistratura, a fin de que los jueces e instituciones judiciales que se deriven del mismo, cuenten para su ejercicio con verdadera independencia y transparencia en sus fallos.
¿Quién y cómo debe ser el nuevo procurador general de la República? Respecto de quién y cómo debería ser el nuevo procurador, el abogado y catedrático afirma que lo primero es que debe tratarse de un fiscal de carrera con la formación necesaria para enfrentar el compromiso, que no tenga vínculos políticos ni de otra índole con sectores de poder, una persona que solo esté comprometida con la verdad y con la transparencia, “sugerido por todas las fuerzas vivas de la población, aunque constitucionalmente sea designado por el Presidente de la República”.
Considera que esa persona debe contar y estar sometida al escrutinio de la población y comprometida con la verdad en función de la posición que ocupará.
La justicia dominicana frente a otras naciones de la región. Al hacer una relación del sistema de justicia dominicano con otros países de la región indica Román Rodríguez: “Hace más o menos una década, específicamente en el año 2010, con la modificación de la que fue objeto la Constitución de la República, se llegó a pensar que con dicha reforma se mejoraría nuestro sistema judicial, básicamente por los diverso órganos judiciales y altas cortes, entre otros grandes avances que la misma contenía. Sin embargo, el manejo político que se le dio a la conformación de estas cortes al servicio de sectores político, mató toda esperanza”.
“Es evidente la debilidad de la justicia dominicana con la fortaleza de otros países de la región, basta con observar el manejo político dado al caso Odebrecht en nuestro país y compararlo con lo que ha ocurrido en los países del área, cuyos representantes del gobierno de igual modo participaron en el referido caso de corrupción gubernamental”.
¿Habrá un verdadero cambio en el sistema judicial? Afirma que existe un elemento fundamental que es la voluntad de los gobernantes. “Hay un elemento fundamental que podría garantizar ese cambio que todos esperamos, y ese es la voluntad política de nuestros gobernantes. El licenciado Luis Abinader ha manifestado su intención de iniciar ese proceso de transformación, y yo espero que lo pueda lograr, ojalá que los funcionarios del Estado llamados a participar de esas transformaciones, también estén dispuestos a hacerlas. Muchas de éstas decisiones podrían ir de la mano o ser parte de ese conocido refrán que dice: “Amolar cuchillo para su propia garganta”, esperemos que el sacrificio que debe hacer cada uno de ellos tenga más peso que lo que pudieran ser sus intereses particulares y personales”.
Afirman Román Rodríguez: “Todo cambio estructural en una sociedad exige de grandes sacrificios y de cierto grado de patriotismo y de identidad con la nación por parte de aquellos que lo protagonizan”.
Avances en el sistema penitenciario. El profesor Rafael Román Rodríguez no cree en tal avances en el sistema carcelario. “A mí me parece que el mismo denota un gran desconocimiento de lo que debería ser una verdadera política criminal por parte del Estado y la inexistencia en este momento de la misma. No creo que se trate de adecentar las cárceles, sino de evitar a través de una verdadera política criminal preventiva, que las personas delincan. Esto lo podemos lograr si se implementan planes y proyecto sociales que disminuyan esa brecha tan abismar entre pobres y ricos que muchos le llaman deuda social”.
“En la medida en que sean fortalecidas las instituciones, sistemas y proyectos del estado, llamados a garantizar al ciudadano que éste pueda satisfacer sus necesidades básicas, tendremos menos delincuentes. Las cárceles solo son necesarias donde se producen criminales y delincuentes, no creo que se trate de estimular la participación en el delito a través de ofrecer un recinto cancelario donde estas víctimas del sistemas se sientan cómodos, indica.
“Si de forma natural, o más bien particular, el ciudadano delinque, se le debe garantizar ciertos derechos humanos, pero no ver esto a través de la construcción de una cárcel, como la solución del problema”, agrega.
La confianza de la población en la justicia. Precisa el catedrático universitario, que para que la población crea y confíe en la justicia es fundamental que el sistema sea fortalecido, nombrar jueces capaces y responsables de la funciones para las que son nombrados, y garantizar a los mismos una total independencia por sus decisiones.
Las escuelas de Derechos y los actores judiciales. A la pregunta de cómo contribuyen en las escuelas de Derecho a la formación de verdaderos actores de justicia, el profesor de la carrera en la UASD afirma: “Dentro de las estrechas condiciones en la que desarrollamos nuestras actividades docentes y frente a las debilidades congénitas de los participantes que nos entregan como materia prima, diría que contribuimos de manera adecuada, ya que al menos los profesionales del área salen con una buena formación ética, moral y académica, lo cual constituye nuestro aporte”.
Lo primero que debe hacer el nuevo gobierno con la justicia al tomar posesión el próximo 16 de agosto. Afirma Román Rodríguez que para ganar la confianza de la población, Luis Abinader debe hacer lo que toda la población espera, «que comience a someter a la justicia a los presuntos responsables de los actos de corrupción más connotados».
Considera no obstante, “Esto no es del todo posible. El presidente está facultado constitucionalmente para nombrar un procurador de la República y éste a su vez, está facultado para procurar, en nombre de la sociedad la justicia. Llevar a los tribunales de justicia a todo ciudadano contra quien se haya informado a través de una denuncia, una querella o el conocimiento público de la comisión de un delito”.
«Esto deberá cumplir con lo establecido por la Constitución en su artículo 69, respetar el debido proceso de ley, individualizar a los verdaderos culpables, recopilar las pruebas y evidencias que comprometan objetivamente la responsabilidad penal de la persona a quien se le imputa el hecho, entre otras garantías», precisa.
“El cumplimiento de todo ello por parte del procurador, permitirá que un juez natural pueda aplicar justicia, condenando por sentencia a los que resulten responsables”, concluye el abogado Román Rodríguez.