Redacción Delegalymas
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Máximo Mendoza, acusado de declarar a seis personas fallecidas de las cuales pretendía cobrar recursos que estas percibían de programas sociales del Estado por supuestas deudas.
Luego de analizar y valorar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el tribunal igualmente declaró el caso de tramitación compleja como lo pidió el órgano acusador, otorgándole a este un plazo de ocho meses para preparar el acto conclusivo.
Señala el expediente que el imputado utilizaba información falsa para registrar varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral. El Ministerio Público, representado por los fiscales litigantes Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral, y Víctor Manuel Mejía (titular de Valverde), aportaron las evidencias con las que sustentaron la solicitud de medida de coerción ante la jueza Yiberty Polanco Herrán.
Indica que Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer los hechos delictivos que ocurrieron entre diciembre de 2024 y junio de este 2025, afectando los sistemas de salud y registro
Según se ha establecido en el documento acusatorio, con la acción el imputado pretendía dañar a las personas que declaraba muertas por supuestas deudas económicas y pendientes, de las que hasta el momento han identificadas seis víctimas, completando el proceso de cinco de ellas en Salud Pública, y posteriormente en la Junta Central Electoral, una sexta que sólo llegó a registrar en el Ministerio de Salud.
Precisan las pruebas, que los registros de defunción fueron llenados por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión, utilizando la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.
Sobre el caso, el Ministerio Público ha establecido que uno de los aspectos comunes encontrados en el delito ha sido que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica, realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales da asistencia social, beneficios que consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
Explica igualmente, que el imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos, los cuales cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. Y, en los casos en que no podía cobrar, recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
Se establece el Ministerio Público en su acusación, que la conducta constituye una violación al Código Penal dominicano, por el uso y alteración de documentos públicos, basado en información falsa. También, violación al artículo 208 de la Ley Orgánica de los actos del Estado Civil No. 4-23, el cual se refiere a la falsedad.
Indica también el Ministerio Público, que dentro de las maniobras utilizadas por el imputado se destaca su capacidad para fingir estados de aflicción emocional y física, simulando angustia y vulnerabilidad en momentos claves, especialmente al presentarse en centros de salud. En el caso, el Ministerio Público cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la Junta Central Electoral.
Mendoza deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.